La decisión surge a raíz de una acción de tutela presentada por Teresa, madre de Mateo, un adolescente de 16 años con una enfermedad que le causa dolor intenso y sufrimiento, la EPS le había negado el acceso al procedimiento eutanásico con base en la resolución 825 de 2018, la cual excluye a menores con discapacidad intelectual de esta posibilidad.
La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional concluyó que no era posible acceder a la solicitud de amparo, ya que no se pudo determinar con certeza la voluntad de Mateo de poner fin a su vida y porque existen tratamientos paliativos para mitigar su dolor.
No obstante, el alto tribunal enfatizó que los menores con discapacidad no pueden ser excluidos del derecho a solicitar la eutanasia y ordenó que se les garantice acceso a cuidados paliativos integrales.
Además, la Corte exhortó nuevamente al Congreso de la República a avanzar en una legislación que elimine las barreras para la muerte digna y proteja la libre autodeterminación de las personas, en línea con el derecho al libre desarrollo de la personalidad y la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes.
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En este caso particular, la Corte ordenó a la EPS realizar una junta médica interdisciplinaria con la participación de la madre de Mateo para definir un protocolo de cuidados paliativos.
Incluso dispuso que el joven reciba atención de enfermería las 24 horas del día para garantizar su bienestar y aliviar la carga de su madre como cuidadora.
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