El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa , cuestionó la propuesta que lanzó el presidente Gustavo Petro de pagar una mensualidad a jóvenes de bandas delincuenciales. En ese sentido, indicó que los problemas de seguridad en las ciudades y en los territorios no se solucionan dándole la mano financieramente a la criminalidad, sino amparando a las comunidades, protegiéndolas.
Fue durante su participación en el Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y la Financiación de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, organizado por Asobancaria en Cartagena, cuando el fiscal Francisco Barbosa reclamó al presidente.
"Esto no se va a resolver pagándole a los criminales para que no delincan, pues eso es un incentivo a la criminalidad. Esto se va a resolver cuando entendamos que hay millones de colombianos que también requieren oportunidades, que nunca han cometido un delito y quieren que el Estado también les de la mano para sacarlos adelante y para que empujemos un país en el marco de principios y en el marco de valores constitucionales", manifestó.
La reacción del fiscal se da por el anuncio que el presidente Petro hizo días atrás desde Buenaventura: “Ese programa se va a complementar con lo que llamamos nosotros jóvenes en paz; serán miles de jóvenes a los que les vamos a pagar por no matar, por no participar de la violencia y por estudiar; les vamos a dar una ayuda para que entren al Sena, que aquí tiene un compromiso que tiene que cumplirse, y para entrar a la universidad”.
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En su intervención, el fiscal enfatizó que la mejor manera de avanzar en la lucha y contención de la criminalidad es persiguiendo y afectando los recursos ilícitos de las organizaciones que ejercen violencia en el país.
“No hay que confundir nunca la idea del partidismo con la paz porque es importante entender que a la paz solamente se llega con el Estado de Derecho, con la seguridad y con el orden público garantizado en el territorio nacional”, dijo Barbosa.
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Con respecto a los recursos entregados al Fondo de Víctimas en Justicia Transicional, en el marco de la Ley de Justicia y Paz, se han puesto a disposición bienes avaluados en más de 854.000 millones de pesos.
“Entre 2006 y 2019, se habían entregado 509.000 millones. En esta administración hemos entregado 854.000 millones (...) superamos lo que se había hecho en 14 años en Colombia, en 300.000 millones de pesos”, precisó.
En los que respecta a lavado de activos, se han desarticulado 237 estructuras y se han incautado bienes con fines de comiso por 67.000 millones de pesos.
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