La Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP reveló un informe sobre la violencia en Colombia desde el año 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las Farc. Según la Jurisdicción hay un deterioro en la situación de orden público en el país, pues el año 2021 fue el que más casos de reclutamiento de menores registró (89) desde la firma del acuerdo. El número de masacres también fue el más alto, con 93 registros, y desplazamientos forzados de manera masiva fueron 146.
Ante esta situación, el director de la UIA, Giovanni Álvarez, explicó: "La acción del Estado tiene que ser más integral, y la presencia en ciertas zonas del país tiene que incrementarse, hay 12 zonas del país donde es indudable que las condiciones de vida de las comunidades se están deteriorando".
Entre algunas de las zonas más afectadas están los Montes de María, sur de Bolívar, occidente antioqueño, el sur del Chocó y el Catatumbo. Asimismo, durante el año pasado se reportaron 329 muertes violentas en el desarrollo del conflicto; 24 de ellas eran civiles, 89 personas pertenecían a la fuerza pública y hubo 192 por parte de los integrantes de grupos armados ilegales.
Por otro lado, explican que existen tres grupos armados con organización suficiente, según el Derecho Internacional Humanitario. El ELN, que alcanza una presencia en 294 municipios de Colombia, las disidencias de las Farc, al mando de ‘Gentil Duarte’, que tienen 28 frentes con presencia en 133 municipios, y el Clan del Golfo, que cuenta con cuatro frentes regionales en 245 municipios.
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"Estamos retornado al pasado, está en declive la seguridad y, particularmente, el año 2021 tuvo unas características en materia de detrimento de orden público y de graves violaciones a los derechos humanos en Colombia, que vale la pena llamar la atención, se está reactivando el conflicto en el país", agregó Álvarez.
El monitoreo de riesgos de la JEP determinó que el Clan del Golfo fue el grupo armado que más infracciones habría cometido al derecho internacional humanitario, con 157 casos, seguido por las disidencias de las Farc con 149 posibles infracciones y el ELN que habría cometido 123. En total el año pasado hubo 283 ataques armados por parte de estos tres grupos armados, entre los que se encuentran combates, hostigamientos, emboscadas y ataques a infraestructura productiva.
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