La decisión del Ministerio Público de Guatemala de emprender acciones legales contra el ministro de Defensa colombiano, Iván Velásquez, por su desempeño al frente de la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) ha tensado la relación entre ambos países, que llamaron a consultas a sus embajadores.
Juan Francisco Sandoval, fiscal de Guatemala entre 2009 y 2021, habló en Sala de Prensa Blu sobre la intención de la justicia guatemalteca de emprender acciones legales contra el ministro de Defensa, Iván Velásquez.
“No sé si ya cambió la percepción que tenían del ministro de Defensa, fue una persona intachable, siempre apegado a la ley, y nunca firmó convenios de colaboración. Él pudo haber hecho alguna sugerencia, pero esos pasan por una serie de filtros, pero esta es acusación infundada contra Iván Velásquez… Él logró desenmarañar actos corruptos en el Estado. Lo que vemos una venganza contra él, 30 operadores de justicia de primera línea de Guatemala nos encontramos en el exilio”, señaló.
El exfiscal habló de su destitución la que, según él, fue arbitraria y que mencionó que lo que opera en Guatemala es una mafia política.
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“Mi destitución se debió a órdenes del actual gobernante de Guatemala, luego de que llegara a mi despacho denuncias de tres posibles hechos de corrupción en los que estaría involucrado…En el caso del expresidente Oto Pérez Molina, logramos demostrar que existía una red de corrupción en las aduanas, en la que el principal beneficiario era el gobernante. Por su parte, la vicepresidente era beneficiaria de actos de corrupción en ocho empresas del Estado”, indicó.
El exfuncionario de Guatemala indicó que lograron demostrar procesos de corrupción en al menos tres gobiernos, entre ellos el de Álvaro Colom y que, tras esta situación, la comisión internacional que presidía Iván Velásquez no fue renovada.
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“Lo que ocurre es que estos son grupos poderosos, se rearticularon y socavaron todo el esfuerzo anticorrupción. Existe un ánimo de venganza y un mensaje para cualquier funcionario público que se dedique a hacer su trabajo. Lo que quieren garantizar es un régimen de impunidad…A la Cicig (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala) no le correspondía poner medidas coercitivas, esa era tarea de los jueces”, finalizó.
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