Fue en una reunión de la Junta Directiva de Coosalud Iversa S.A., que se autorizó de manera unánime suscribir la operación de endeudamiento por $221.000 millones con el Banco GNB Sudameris. En el documento, firmado en noviembre de 2022, quedó la evidencia que el codeudor de esa operación de crédito sería la EPS Coosalud , y que la deuda tendría un plazo de 10 años, con tres de garantía para el capital.
Esta millonaria operación de crédito, de acuerdo con el acta, formaría parte de un proceso de ampliación de la capacidad de endeudamiento de Coosalud Inversa, que permitiría a la empresa fortalecer su posición financiera y cubrir necesidades operativas y de inversión.
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En ese sentido, la EPS serviría como codeudora, lo que amplió en ese entonces las garantías para respaldar la deuda de la compañía, algo que finalmente fue aceptado por los directivos, luego de someterse a consideración de la junta en pleno, que estuvo de acuerdo con la operación de manera unánime, luego de una extensa deliberación.
El representante legal de la EPS recibió autorización para suscribir todos los documentos necesarios con el Banco GNB Sudameris y la Fiduciaria Servitrust GNB Sudameris, comprometiendo a la sociedad como codeudora y garante, y constituyendo las garantías personales, reales y fiduciarias requeridas sin limitación alguna.
Este documento confirma la alerta emitida por la Superintendencia de Salud, en la que detalló que la EPS Coosalud le sirvió como “fiadora” a la empresa privada para suscribir el préstamo, algo que evidenció la autoridad luego de 15 días de intervención a la EPS, hallazgo que la entidad que le pasará a la Fiscalía .
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De hecho, el superintendente de Salud, Giovanni Rubiano, indicó que fue en noviembre de 2024 que el banco notificó el incumplimiento del crédito y activó las cláusulas de aceleración, debido a la deuda. Este incumplimiento derivó en una medida por parte del banco que contempló la posibilidad de usar recursos relacionados con Coosalud EPS para cubrir la deuda.
Apenas dos días antes de la intervención, la deuda fue transferida en su totalidad al banco, lo que generó una serie de interrogantes sobre la legalidad y la transparencia de la operación y la duda sobre para qué se usaron los recursos. Rubiano, en un pronunciamiento reciente, señaló que durante el proceso de intervención se descubrió que los dineros públicos de los afiliados a Coosalud fueron utilizados de manera irregular en el pago de esta obligación.
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