La Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres triplicó más su presupuesto en el año 2023 y la mayoría de ese aumento ni siquiera fue discutido en el Congreso de la República sino que se definió vía resoluciones del Ministerio de Hacienda.
El informe de cierre presupuestal de la entidad relata cómo arrancó el año con 657.000 millones de pesos asignados en la ley de presupuesto y terminó el año con 2.2 billones.
La mayor parte de las adiciones no fueron discutidas por el Congreso. La ley de adición presupuestal, donde se repartió ‘la torta’ de la primera reforma tributaria, sumó 208.000 millones a la entidad. Mientras tanto, dos resoluciones del Ministerio de Hacienda firmadas a mediados de septiembre y principios de diciembre sumaron a la entidad 1.4 billones de pesos.
En ambos casos la justificación es una breve alusión a la necesidad de fortalecer la atención de emergencias en el país.
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¿A dónde fue a parar la plata?
Todas las adiciones, e incluso más, terminaron multiplicando por cuatro el recurso disponible en el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres que pasó de 552.000 millones a 2.18 billones.
El fondo es un patrimonio autónomo al interior de la entidad que puede operar sin tener que publicar sus contratos en el Secop y en el que se pueden entregar contratos de forma directa.
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El informe de auditoría de la Contraloría General de la República le hizo seguimiento a los recursos y estableció hallazgos fiscales por unos $1.700 millones de pesos que incluyeron varias irregularidades en la contratación y ejecución de ollas comunitarias en distintas regiones del país.
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