
En el marco de la Presentación de Resultados del Estudio de Incidencia de Cigarrillos Ilegales en Colombia de Invamer, se conocieron datos reveladores sobre el consumo de cigarrillos ilegales y legales en el país, además de la incidencia del consumo de tabaco. Según cifras, en los últimos once años, lejos de disminuir, el consumo ha aumentado de manera significativa: desde 2011, el porcentaje de consumo ha ascendido de 61 cigarrillos por semana a 86 para los hombres, y de 58 cigarrillos por semana a 81 para las mujeres. Esto evidencia que el aumento en los impuestos no frena a los consumidores a la hora de fumar cigarrillos.
Según Didier Tavera, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos (FND), "cada vez que aumentan los impuestos, sube el contrabando, pero no baja el consumo". De hecho, cualquier aumento indiscriminado que se le haga a los cigarrillos va en beneficio de las estructuras ilegales, debido a que el usuario siempre preferirá el producto de menor precio. En promedio, una cajetilla ilegal de cigarrillos es $6.569 más barata que una legal. Con esta información, se llegó a la conclusión de que, con lo que cuesta una cajetilla de cigarrillos legales, se pueden comprar 2.4 cajetillas ilegales.

Además, en los últimos 10 años hemos visto cómo esta cifra ha aumentado: mientras que en 2016 el comercio ilícito de cigarrillos representaba el 13% del total del mercado, en 2024 alcanzó por primera vez el 36%, lo que representa un billón de pesos en pérdidas para las entidades territoriales, dinero que va directamente a las estructuras criminales del país. Según los datos revelados en la encuesta, en los estratos 1 y 2, el 42% del consumo corresponde al mercado ilegal.
"La forma más rápida de disminuir la ilegalidad en los cigarrillos no es aumentando más los impuestos, sino disminuyéndolos. Los estamos aumentando con el objetivo de que la gente deje de fumar, lo cual es un muy buen objetivo para la salud, pero eso no se está logrando, porque desafortunadamente estas estructuras criminales tienen un mercado muy bien direccionado. La gente los sigue encontrando más baratos, y por eso el que fuma ilegal fuma más cigarrillos a la semana que quienes fuman cigarrillos legales. Además, quienes compran legalmente no toman la decisión de dejar de fumar por causa de los precios", afirmó Martín Orozco, gerente de Invamer.

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Por otra parte, Didier Tavera agregó respecto a los impuestos que se buscan gravar sobre los vapeadores que "aunque los impuestos sobre los productos de nicotina, incluidos los cigarrillos electrónicos y el tabaco calentado, tienen como objetivo disminuir el consumo, su implementación debe ser cuidadosa. Si los impuestos son excesivamente altos, se corre el riesgo de incentivar el contrabando y afectar el empleo formal", teniendo en cuenta el actual proyecto de ley que propone un impuesto de $2.000 por mililitro de líquido para los cigarrillos electrónicos, además de un 30% sobre el precio del dispositivo.
Así, por ejemplo, un vapeador de 5 ml, que actualmente cuesta $40.000, tendría un impuesto de $10.000, más $12.000 que corresponde al porcentaje del valor del producto, lo que haría que su precio final sea de $62.000, lo cual representa un aumento bastante elevado por concepto de impuestos.

Las cifras también revelan que alrededor de $5,3 billones de pesos se han dejado de recibir por cuenta del contrabando en los últimos 5 años para el país. Dinero que podría ser destinado a salud, recreación y deporte. Por otra parte, como lo dice Silvia Barrero, vicepresidenta de Asuntos Externos para el Clúster Andino de Philip Morris, con el aumento del contrabando también aumenta la exposición de los menores de edad al tabaquismo: "Los contrabandistas, que hoy tienen el 36% del mercado de cigarrillos, no se van a preocupar si sus productos llegan a niños, niñas y adolescentes. Entonces, no es una verdad absoluta que subiendo impuestos logremos que nuestros niños, niñas y adolescentes consuman menos tabaco y nicotina. Al contrario, los dejamos en manos de grupos y organizaciones que no tienen la responsabilidad de manejar el comercio de estos productos de manera legal y responsable."
Por otra parte, durante el evento de revelación de estas cifras, Barrero hizo un llamado a la concientización social de esta problemática, que depende también de cada uno de los actores de la sociedad, quienes, a la larga, tienen la última palabra respecto al consumo: "La incidencia del ilícito llega al 36%. Esto solo nos muestra que se ha presentado un aumento sostenido del comercio ilícito de cigarrillos en los últimos 10 años. Y la verdad, la preocupación no debería ser solo de la industria, sino de la sociedad en general, porque es claro y está comprobado que este aumento a lo único que contribuye es al empeoramiento de la situación de seguridad en las ciudades y en nuestras regiones. Sabemos por fuentes confiables que esta actividad fortalece el crimen organizado y financia prácticas delincuenciales como la corrupción y el narcotráfico. Por ello, el llamado que hacemos desde la industria y que invitamos a que también lo haga la sociedad en general es que seamos muy cautos y prudentes con la imposición de medidas fiscales."

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Los cálculos de la ganancia ilícita del contrabando de cigarrillos ascienden a aproximadamente $250 millones de dólares cada año, cifra que se refleja también en pérdidas para Colombia. Estos datos no solo afectan directamente las finanzas del país, sino que también generan una serie de efectos negativos, como la pérdida de ingresos fiscales que podrían destinarse a programas de salud pública, educación o infraestructura, y la competencia desleal que, a largo plazo, podría perjudicar el empleo en el sector legal, entre otros.