
Fuentes cercanas al expresidente indicaron que, aunque este acuerdo aún no se ha concretado, tiene como objetivo destinar estas tierras a proyectos productivos que beneficien a 30 familias campesinas de la región, contribuyendo en el marco de la reforma rural promovida por el Gobierno actual. Sin embargo, Uribe ha hecho énfasis en que el precio acordado es significativamente inferior al avalúo catastral de la región.
El proceso de negociación ha sido liderado por Uribe, junto al director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman. Las hectáreas en cuestión forman parte de una finca de más de 700 hectáreas propiedad de la familia del expresidente, situada entre los municipios de Montería y San Carlos. Según han dicho, esta transacción se enmarca en los esfuerzos del Gobierno de Petro por avanzar en la implementación del Acuerdo Final de Paz firmado en 2016, que busca garantizar el acceso a la tierra para comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.
La negociación comenzó con una oferta presentada por la familia Uribe Vélez a través de la empresa Agropecuaria El Ubérrimo S.A.S. Posteriormente, la ANT respondió con una propuesta basada en un avalúo rural comercial realizado por la firma DCI Colombia S.A.S. Según el expresidente Uribe, las tierras en cuestión tienen un alto potencial productivo y son aptas tanto para la ganadería empresarial como para la ganadería campesina, lo que las haría viables para los proyectos agrícolas que se planean en la región.
“Desde el principio dije que se vende a un precio muy inferior al avalúo catastral de San Carlos, que lo pusieron en 120 millones por hectárea” aseguró el expresidente.
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Lo anterior, también tiene relevancia en términos de la reforma agraria impulsada por el gobierno actual, que busca según el ejecutivo, corregir los desequilibrios históricos en el acceso a la tierra y fomentar proyectos productivos en zonas rurales, además, el uso de las tierras para beneficiar a familias campesinas puede ser visto como un paso en la implementación de los acuerdos de paz, aunque no está exento de controversias.
A pesar de la importancia de este posible acuerdo, aún es necesario esperar a que se formalice completamente y se lleven a cabo las transacciones pertinentes para evaluar su impacto real en el campo colombiano y en la política agraria del país.