Con ponencia de Eduardo Mendoza, la Corte ordenó revocar dos resoluciones del Ministerio de Minas (resoluciones 180102 y 0045 del 2012) que delimitaban las zonas estratégicas de minería.
Así las cosas, el Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Minería no podrán aplicar esas resoluciones en Antioquia, Bolívar, Caldas, Cauca, Cesar, Chocó, Huila, La Guajira, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Tolima, Valle, Amazonas, Gauinía, Guaviare, Vaupés y Vichada.
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El fallo de tutela fue proferido por una sala de revisión de la Corte Constitucional, con lo que se estaría echando para atrás la política de minería del Gobierno al considerar que ésta delimitación pone en riesgo, así sea latente, la subsistencia, identidad, usos, valores y costumbres de las comunidades".
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La tutela además de argumentar que se vulneró el derecho de las comunidades a una consulta previa, abierta e informada también plantea que se estaban violando los derechos a alimentación, el acceso al agua y colectivos como el de un medio ambiente sano y al patrimonio cultural.
Por último, la Corte ordenó convocar a las comunidades afro e indígenas que podrían verse afectadas por el desarrollo de proyectos mineros. Según esa corporación, esa obligación constitucional no puede dejarse para después de la expedición de las resoluciones. Al contrario, debe ser el producto de ese diálogo.
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