El vicecontralor Julián Ruíz, explicó los hallazgos de la investigación que terminó en un fallo de responsabilidad fiscal contra 17 personas y 9 sociedades en el caso Hidroituango. El funcionario, habló en Mañanas BLU acerca de las acciones, omisiones o malas decisiones que ocasionaron un daño patrimonial que asciende a cuatro billones de pesos. Además, sostuvo que en dos meses se podría tener fallo fiscal definitivo sobre este tema.
Según el funcionario, los hallados responsables tienen cinco días para interponer los recursos de reposición o de apelación y el fallo definitivo podría darse en dos meses. En ese sentido, el fallo en primera instancia aún no genera consecuencias jurídicas.
“Se debe garantizar el debido proceso, las dobles instancias e incluso los responsables fiscales pueden acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa (Consejo de Estado), para que haga el control judicial correspondiente. El fallo definitivo no debería superar los dos meses”, destacó Ruíz.
“Es una responsabilidad solidaria, no se puede dividir la obligación porque todos contribuyeron en alguna medida a la producción del daño y en ese sentido se determina que son responsables solidarios por el daño ocasionado al patrimonio público”, añadió.
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En cuanto a la responsabilidad de Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquia, el vicecontralor afirmó que este presumiblemente no tomó las medidas necesarias para evitar las afectaciones en Ituango y faltó control sobre quienes realizaban la obra.
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“En calidad de delegante, Sergio Fajardo, en su calidad de miembro de la junta directiva de Hidoituango, no ejerció adecuadamente el control a los delegantes y no avisó al departamento de Antioquia y al país para tomar las medidas que contrarrestaran lo que se venía presentando desde hace varios años”, expresó el vicecontralor Julián Ruíz.
“En materia de retrasos, planes de aceleración sin la debida calidad y planeación que ocasionó la debacle en el pueblo de Ituango en el año 2018. Una serie de decisiones que pasaron por la Junta Directiva de Hidroituango y que los contratistas no advirtieron”, concluyó el funcionario de la Procuraduría General de la Nación.
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