El pasado martes, 8 de marzo, los candidatos presidenciales Gustavo Petro, del Pacto Histórico, y Juan Manuel Galán del Nuevo Liberalismo, denunciaron que un funcionario del consulado de Miami estaría realizando proselitismo al solicitar que se entregara la tarjeta electoral del Equipo por Colombia, ante lo dicho las autoridades indagaron lo ocurrido y señalaron que se trató de un ciudadano externo.
“Lo que pasó en la ciudad de Miami fue que se presentó un ciudadano privado qué género algún tipo de molestia en el consulado donde estaba haciendo algún tipo de injerencia en el certamen electoral, pero que no corresponde a los funcionarios públicos y a los funcionarios consulares qué estaban allí. Nuevamente, todos los funcionarios tienen claro cuál es su rol dentro de las elecciones saben que no pueden direccionar, ni hacer injerencia en el proselitismo político y ante ello se han entregado circulares y capacitaciones. Nuevamente invítanos a denunciar ante cualquier irregularidad”, dijo el ministro del Interior, Daniel Palacios.
Desde la Cancillería señalaron que se desarrolla una mesa de seguimiento electoral la cual fue instalada el pasado domingo y que está siendo monitoreado diariamente el proceso electoral que se desarrolla actualmente en el exterior y que concluirá el próximo domingo 13 de marzo.
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El jefe de la cartera política del Gobierno Duque invitó a los colombianos a denunciar en la plataforma de URIEL algún tipo de delito electoral.
“Son más de 300 denuncias que se han recibido por la plataforma URIEL en lo que va corrido de la jornada electoral, denuncias que han sido tramitadas, enviadas a cada órgano competente para adelantar las investigaciones”, según explicó el ministro Daniel Palacios.
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“Necesitamos las denuncias en Uriel, necesitamos las denuncias en la Procuraduría, necesitamos las denuncias en la Fiscalía para poder investigar de manera rápida cualquier delito electoral que se pueda presentar”, afirmó.
Palacios reiteró que todo está dispuesto para que las elecciones transcurran con garantías de seguridad y transparencia con un pie de fuerza que será conformado por más de 200.000 efectivos de la Policía y el Ejército.
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