El presidente Iván Duque se pronunció tras el anuncio del Consejo Nacional Electoral de no contar con auditoria internacional al software para las elecciones de este domingo. El magistrado Luis Guillermo Pérez, quien comunicó la noticia este martes, aseguró que"a pocos días de la jornada electoral, [la auditoría] se hace inviable".
Duque pidió que los recursos destinados para la auditoría internacional sean destinados para ese fin , al tiempo que defendió la gestión de su Gobierno en la gestión de la solicitud.
"Solicitamos públicamente que se adelantara una auditoría externa para que pudieran revisar el proceso electoral de las elecciones del Congreso y sobre todo los software. Esa solicitud se hizo interpretando el sentir de muchos ciudadanos y también de representantes de partidos y movimientos. El 2 de mayo el gobierno procedió a girar los recursos. Es un deber de la organización electoral adelantar esa auditoría externa y darle toda la tranquilidad y credibilidad al pueblo colombiano", sostuvo el mandatario.
"Hago un llamado a las autoridades electorales para que los recursos que ya se giraron sean destinados a la contratación de esa auditoría externa y que sus resultados se le transmitan al país". agregó Duque.
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No obstante las declaraciones de Duque, el magistrado Luis Guillermo Pérez, aseguró que no hubo "un compromiso de Estado para sacar eso [la auditoría internacional] adelante, pero por eso instamos a los partidos políticos a que asuman su responsabilidad también".
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Por su parte, el registrador Nacional del Estado Civil, Alexander Vega, anunció que la entidad cuenta con su propia veeduría. "Nosotros respondemos por nuestra auditoría para las elecciones del domingo, la firma McGregor la está trabajando correctamente", citó la cuenta de Twitter de la entidad.
Además, Vega dijo que a partir de este miércoles llegarán al país "todas las misiones de observación internacional". Adicionalmente, la Registraduría también extendió hasta el viernes el plazo para que los partidos postulen a los testigos electorales en las 102.152 mesas de votación, como parte de un plan estatal de garantías.