La historia del avión de la Policía que ahora investiga la Contraloría por detrimento patrimonial

La Contraloría General reveló un presunto detrimento patrimonial por más de 12 millones de dólares en la compra de un avión por parte de la Policía Nacional, específicamente, un jet Legacy 600 VIP, que tiene capacidad para 13 personas, sillas en cuero, mesas de trabajo, entre otras adecuaciones de lujo.

Así lo describió en diálogo con Mañanas Blu el contralor delegado para el sector de defensa, Luis Eduardo Parra, quien dijo, además, que en principio se tenía presupuestado comprar tres aviones, pero se cambió y se terminó adquiriendo solo uno bajo el argumento de mejorar la capacidad de operación y movilidad; este “hallazgo fiscal viene desde 2022”, según dijo.

“El contrato se firmó el 16 de mayo de 2022 y el avión llegó a Colombia a finales de noviembre. El pago se efectuó en octubre”, indicó Parra, quien añadió que la explicación que se dio, en su momento, era que necesitaban desplazar a personalidades en tiempos rápidos, como ministros y demás políticos.

“El plan de mejoramiento de operación de la Policía establecía que se iba a comprar tres aviones, cada uno con capacidad para 44 pasajeros, hay que tener en cuenta que son aviones usados; esos tres tienen un presupuesto, a octubre de 2021, de los 105.000 millones de pesos”, comentó.

Sin embargo, agregó, luego se decidieron a cambiar en diciembre de 2021 a comprar un avión de la línea Embraer, aparentemente de la misma referencia, pero tipo ejecutivo para solo 13 pasajeros.

El contralor delegado enfatizó que esa función no le corresponde a la Policía, pero sí está en cabeza de la Fuerza Aérea Colombiana, FAC, es decir, el transporte VIP para las personalidades del Gobierno nacional así como de gobiernos extranjeros.

La compra de este jet no estaba contemplada en los estudios de factibilidad, fortalecimiento y adquisición de los aviones por parte de la Policía Nacional, según indicó la Contraloría en su comunicado. Por otro lado, se determinó que algunas empresas que hacen parte del consorcio con el cual se hizo el contrato no cumplen con la experiencia requerida, pues tienen como actividad principal la construcción de otras obras de ingeniería civil.

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