El procurador delegado, Luis Escandón es el encargado de presentar una acción popular para evitar un proceso largo que ponga en riesgo la recuperación de los dineros del contrato que generó toda la polémica alrededor de la ministra de la Ticas Karen Abudinem.
“La Procuraduría General de la Nación está poniendo en marcha el eje misional de la Intervención judicial. Nos encontramos con que el contratista de la Unión Temporal Centros Poblados interpuso tutelas ante jueces que nos son competentes en contra del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Contraloría para la recuperación de los dineros. Por eso la acción judicial para evitar que todo lo que se ha hecho para la recuperación de los dineros llegue a mal puerto”, expresó el funcionario del Ministerio público.
Según Escandón, si la acción popular no prospera los responsables deberán pagar de su propio bolsillo el dinero de los anticipos.
“Entrarían las medidas indemnizatorias, los $70.000 millones del anticipo más los incumplimientos y los perjuicios que se causaron en este caso con el cambio de contratista, los recursos perdidos y una medida del procedimiento de caducidad de 49 mil salarios mínimos mensuales”, resaltó el procurador delegado
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Teniendo en cuenta que se trata de los recursos públicos y los derechos de accesos a internet, la Procuraduría está buscando que prosperen otros recursos judiciales.
Escuche la entrevista completa aquí:
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