El perdón de Lozada en la JEP y otros testimonios de Farc sobre reclutamiento

“Grave error lo de nosotros con esos muchachos”, dijo Martín Cruz Vega. “Nos duele mucho esa situación. Haberles robado esos sueños a esos niños”, señaló Víctor Tirado.

Esos mensajes de exjefes de la antigua guerrilla de las Farc dejaron ante el tribunal especial algo de reconocimiento sobre el error que se cometió en torno al reclutamiento de menores.

La JEP cotejará la información entregada por los exjefes llamados voluntariamente a comparecer sobre el caso de reclutamiento y utilización de niños y niñas en el conflicto. Culminó la primera fase de escucha, algunos culminaron su primera sesión, mientras que otros, como Julián Gallo, Martín Cruz y Pablo Catatumbo, continuarán sus versiones y varios se comprometieron a aportar con verdad de forma escrita y contribuyendo con material sobre dudas y detalles que quedaron pendientes.

“Tenemos que asumirla, digamos como una realidad que se nos presentó. No es el ánimo nuestro caer en el negacionismo”, señaló el senador Carlos Antonio Lozada ante la JEP sobre lo que pasó entorno al reclutamiento.

Han sido llamados algunos de los principales miembros del hoy partido político a rendir su versión voluntaria ante la JEP no solo por el reclutamiento, uso y utilización de niños y niñas en el conflicto, sino por otros delitos conexos: violaciones, abortos y fusilamientos.

El senador Julián Gallo o conocido como Carlos Antonio Lozada, manifestó sobre la dinámica de la guerra en la ciudad, que evitaban en lo posible que llegaran niños y niñas a las acciones del conflicto.

“El caso de la ciudad es a los 15 años que estaba contemplada en los estatutos se cumpliera por las particularidades pues que se daban aquí en la ciudad y que no permitían que gente tan joven se vinculara por riesgos que eso generaba”, dijo Lozada.

Y otros, como Rodolfo Restrepo Ruíz o alias ‘Víctor Tirado’, insinuó que se daba refugio a quienes padecían de otros horrores en el campo, como el desplazamiento o la orfandad.

“Sí recuerdo de una niña que la familia fue desplazada, el hermanito fue asesinado en un operativo militar en la casa, en la familia con los padres y ella quedó rodando”, dijo Tirado.

O incluso, que eran los mismos menores los que “expresaban su deseo”, de estar en las filas guerrilleras. “Sí, eso se vio. Es algo que nosotros no podemos negar”, añadió Restrepo Ruíz.

Estos son solo algunos apartes de las primeras versiones entregadas sobre el caso 07 en la JEP, donde exintegrantes del Estado Mayor Central y el Secretariado de las Farc fueron llamados. Pero en la JEP reposan decenas de documentos que servirán para controvertir lo que digan como compromiso a la verdad y reparación. Hay una base de datos con 286 registros de personas que ingresaron a las filas siendo menores de edad y murieron dentro de la organización, 60 de ellos habrían sido fusilados.

“A más responsabilidad, más exigencia”, respondió Martín Cruz Vega o alias ‘Rubín Morro’ a la pregunta de si los menores de 18 años estaban sometidos al mismo régimen que los adultos, explicó que después de la octava conferencia, se determinó que un consejo de guerra no se podía hacer con menos de 25 personas, y reconoció que algún menor de 18 años habría sido fusilado.

“-¿Menor de 18 años fue fusilado?
- ¿Menor de 18 años? Puntualmente no me acuerdo de los nombres, pero yo creo que sí, magistrado”, respondió Rubín Morro.

A Rubín Morro, quien ingresó a la guerrilla hacia los 14 años, se le cuestionó sobre las fuerzas especiales conocidas como los “Pisasuaves”, no hizo gran referencia al respecto, pero sí habló de una especie de entrenamiento para acciones militares, señalando que la operación de entre 500 y 1.000l guerrilleros necesitaban la instrucción de francotiradores: explosivistas y acción en otros frentes a través de dichas fuerzas, y no negó que allí hubiese menores de edad.

“—¿Esas fuerzas especiales fueron en alguna oportunidad o en algún sector del territorio, del que ustedes dominaban, integradas por menores de 15 años?”, preguntó el magistrado Iván González.

—“Posiblemente, magistrado, posiblemente. Que a mí me conste no, pero conociendo como fue la guerra de compleja, hubo muchachos de 14 años con actitudes interesantes, es probable que se hayan utilizado personas en ese tipo de labores”, respondió.

Diez informes están en manos de la Jurisdicción de Paz, en ellos hay inventario del conflicto, vinculación de niños y adolescentes, violencia de género, datos de comunidades indígenas, y entre otros, la violación de derechos reproductivos de mujeres y niñas al interior de las Farc. Y sobre eso, quizás unos de los temas que mayor repulsión han generado: los abortos y el acceso carnal.

Jaime Alberto Parra, conocido como ‘Mauricio Jaramillo’ o algunos le denominaron ‘El Médico de las Farc’, a quien se le ha vinculado con interrupciones de embarazos dentro de la guerrilla, dice que de eso con las niñas no supo.

“No conocí a esos niños o niñas que supuestamente se les hacían legrados, que se les hacían… no los conocí”, dijo.

Alias ‘Víctor Tirado’ dijo que los abortos sí se produjeron, que fue una situación lesiva para las niñas, que, en la búsqueda de nuevos métodos de anticoncepción, se abría una ventana al embarazo, un riesgo que se asumía

“¿Qué iba a ser el futuro de ese niño? decían… Aquí no hay más que hacer sino practicar un aborto”, agregó Tirado.

En los relatos se coincidió que la planificación en las mujeres era obligatoria, que las mujeres debían protegerse, pero a los hombres apenas se les sugería el uso de un condón. Se generaba no solo para las mujeres adultas, sino a las menores de edad, ya fuera un yadel o un dispositivo intrauterino conseguidos en farmacias en bajas cantidades.

“¿Todos estos métodos de planificación fueron consentidos? …”, preguntó una representante de víctimas.

“Digamos que lo que estaba establecido era que era obligatorio”, señaló Lozada.

“La gente se daba cuenta cuando una niña ya había iniciado relaciones sexuales en una o en otra forma”, añadió Víctor Tirado.

Las decisiones judiciales quedarán en manos de la JEP y, de encontrar que no hay compromiso con la verdad y cotejar testimonios y pruebas, tendrán condenas de hasta 20 años de cárcel. Carlos Antonio Lozada dice estar presto a responder, en la instancia que sea necesaria.

“Estamos nosotros dispuestos a someternos y a acoger las decisiones que tome la jurisdicción especial, más allá de que haya casos específicos, digamos que nos comprometan a nosotros”. Agregó Lozada.