En diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, el exministro de Interior Juan Fernando Cristo, habló sobre su nuevo partido, En Marcha y el panorama en el país por cuenta de la solicitud de varios exministros de retirar el proyecto de ley de sometimiento que propone el Gobierno Nacional y la paz total con las disidencias y el Clan del Golfo.
“Desgastar al Congreso de la República en una ley de sometimiento cuando no hay voluntad de negociación y paz, pues no tiene mayor sentido”, dijo sobre la iniciativa del Gobierno.
Lanzó duras críticas contra el Clan del Golfo, grupo con el cual el Gobierno dejó a un lado el cese el fuego. En este mismo sentido señaló que desde el Gobierno también se han demorado en poner límites a las disidencias de las Farc, con las cuales también buscan negociación en el marco de la paz total.
“Uno preferiría que el Gobierno se concentrara en la negociación con el ELN. El gobierno tiene otra visión y está bien”, dijo.
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Cabe recordar que de aprobarse el proyecto, las llamadas bandas criminales tendrán un plazo de dos años para desarticularse voluntariamente y aceptar su responsabilidad penal por todos los delitos cometidos.
Igualmente, deben dar información a las autoridades sobre sus patrones criminales, ofrecer reparación a sus víctimas y, a cambio, el Estado se compromete a imponerles una pena alternativa de entre seis y ocho años de cárcel efectiva. Adicionalmente, quienes se acojan a la ley, en caso de ser aprobada, estarán cuatro años en libertad condicional, mientras hacen actividades de restauración y de reparación a sus víctimas.
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El proyecto de ley establece que quien vuelva a delinquir o a incumplir alguna de las condiciones purgará la máxima pena correspondiente a los delitos cometidos y, por consiguiente, perderá todas las rebajas y beneficios.
El texto dice también que los grupos delictivos deben entregar todos sus bienes, pero tendrán derecho a conservar el equivalente al 6 % de su valor, con un tope máximo de 2,4 millones de dólares. Otro de los puntos relevantes de la iniciativa consiste en la creación de un fondo que se destinará a la reparación de las víctimas y programas de justicia restaurativa.
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