De forma sorpresiva, el viernes pasado el ministro de Justicia,Néstor Osuna, y la ministra de Salud, Carolina Corcho, radicaron un proyecto de ley con el que se busca dar cumplimiento a la sentencia T275-22, que ordenaba al Gobierno y al Congreso establecer mecanismos de reproducción asistida.
Según el proyecto, se tendría que establecer un acuerdo entre la persona gestante (sean mujeres, hombres transgénero, transmasculinidad y otras identidades de género) y una pareja o persona soltera de nacionalidad exclusivamente colombiana. Las personas gestantes deben cumplir con unas rigurosas condiciones físicas, incluso, con una edad entre 25 y 35 años; también, haber vinculación biológica con alguno de los padres que soliciten el proceso.
La iniciativa establece que no puede haber ningún tipo de remuneración económica, pero sí una figura de compensación de los gastos médicos, de traslado, asesoramiento legal y psicológico y, todos aquellos gastos que incurra la persona que está llevando adelante el embarazo.
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Sin embargo, la principal crítica que hay al proyecto es que se le restrinja a los extranjeros poder acceder a este proceso del alquiler de vientres en Colombia.
Defensores de este tipo de prácticas sostienen que la vinculación de los nacidos con las personas gestantes sigue para toda la vida y que la posibilidad de poder estar varias veces, incluso, poder otorgar bebés a familias extranjeras, corresponde más a una cuestión cultural del país que aún no tolera la diversidad.
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