El ministro del Interior, Guillermo Rivera, explicó en Mañanas BLU en qué consiste el decreto 2199, con fecha 26 de diciembre, y en el que se precisa que los desmovilizados que se acogieron a la ley de Justicia y Paz y que recobren su libertad por la concesión de algunos beneficios de la ley de amnistía e indulto, puedan ingresar al proceso de reintegración de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización.
El decreto recuerda que los desmovilizados beneficiados por la Ley 1820 de 2016, referida a la amnistía, el indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones, podrán ingresar al proceso de reintegración "siempre y cuando hayan suscrito el acta formal de compromiso" ante la Jurisdicción de Paz.
Según el decreto firmado por los ministros del Interior, Guillermo Rivera, y de Justicia, Enrique Gil Botero, "la viabilidad de los procesos de transición del conflicto hacia la paz dependen del otorgamiento de las medidas necesarias para hacer que esta se convierta en irreversible, estable y duradera".
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Rivera señaló que no es cierto que todos los desmovilizados al marco de Justicia y Paz puedan someterse a la JEP. “Este decreto lo que hace es darle alcance a la sentencia que emitió la Corte Suprema de Justicia el 19 de abril de 2017 y que permite que los excombatientes de las Farc que estén en Justicia y Paz puedan hacer el tránsito a la Jurisdicción Especial si han recibido algún beneficio de la Ley de Amnistía y se han comprometido a cumplir con los requisitos de JEP”, dijo.
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En ese sentido, aseguró que el decreto tiene un alcance limitado solamente para excombatientes de Farc que estén en Justicia y Paz y lo que busca es que ellos puedan ingresar al programa de reincorporación.
Agregó que el Gobierno no tiene una cifra determinada sobre el número de exguerrilleros que se verán beneficiados por este decreto.
Dijo que este decreto no tiene, por ningún motivo, amparo sobre exparamilitares.
Para el Gobierno, "otorgar a los excombatientes las herramientas suficientes para integrarse a la vida económica y social constituye una garantía de no repetición".
En ese contexto, agrega el decreto, "el proceso de reintegración se constituye en un elemento esencial para que el excombatiente asuma conciencia de los hechos perpetrados (...) y por tanto, los beneficios económicos se constituyen en un medio que permite su comparecencia a los mecanismos judiciales y extrajudiciales de contribución a la verdad".
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El acuerdo de paz firmado con las Farc se basa justamente en los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
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