El nombre de Andrea Cortés Guarín se conoció en el país por ser la primera mujer transgénero en hacer parte de la Policía Nacional. Su caso tomó relevancia cuando, por un supuesto robo, fue destituida de la institución e inhabilitada por 11 años.
Después de que las autoridades presentaran un video de las cámaras de seguridad como una de las pruebas contra la patrullera, Cortés negó los hechos y aseguró que nunca hurtó una crema facial.
Esto sucedió el pasado 23 de junio, y fue tal el eco, que trascendió de una sanción disciplinaria a lo penal. Así, en un proceso disciplinario interno, se determinó que la uniformada incurrió en falta grave por haber robado.
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Tras la destitución, la mujer criticó a la Policía, institución a la que acusó de considerarla “antinatural” por su condición sexual. “Gracias a las personas que me apoyaron. (…) No tiene sentido seguir luchando con una institución que a una mujer trans la ve como antinatural”, expresó en el momento.
Pasados los meses, se conoció que la patrullera ganó una tutela en la que pedía al Ministerio de Defensa y la misma Policía una cirugía de cambio de sexo.
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La sentencia de 20 páginas, emitida tras el fallo a favor del Juzgado Administrativo 16 de Bogotá, estipula que esta reasignación de sexo no deberá implicar “una injerencia en la decisión médica, técnica o científica”.
Dentro de los ocho días siguientes a la notificación, (…) proceda a reunir al grupo multidisciplinario para que valoren a la señora Andrea Cortes Guarín, con el fin de determinar de manera conjunta e integral la viabilidad y acompañamiento en la cirugía de reasignación de sexo, como requisito para dicha intervención, sin que ello implique una injerencia en la decisión médica, técnica y científica a la que haya lugar
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