En este año se necesitarán recursos por USD $665 millones para atender a 1.6 millones de migrantes y refugiados venezolanos, colombianos retornados provenientes de Venezuela y comunidades locales de acogida, así lo dio a conocer el Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM) y el Gobierno nacional, en el lanzamiento del Capítulo Colombia del Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes 2023-2024.
Según la Coordinación Interagencial para refugiados y migrantes de Venezuela (R4V), a finales de 2022 ya eran más de 7.1 millones de migrantes venezolanos en todo el mundo y cerca de 6 millones los que están en distintos países de América Latina y el Caribe.
“Es claro que ningún país puede encarar los retos que conlleva la movilidad humana de forma solitaria, por lo que debemos tener una agenda común que garantice la regularización, acceso a derechos y servicios, inclusión, la libre movilidad, el respeto y cumplimiento de los derechos humanos de todas las personas”, señaló la viceministra de Asuntos Multilaterales, Laura Gil.
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El GIFMM publicó un extenso informe, después de entrevistar a más de 3.000 hogares de migrantes, que revela las principales necesidades que enfrenta esa población en Colombia, entre otras reveló que: “El 47 % de las personas con vocación de permanencia solo tiene acceso a dos comidas al día, el 82 % señala problemas con las condiciones de su vivienda, el 51 % de los grupos de viajeros sufre inseguridad alimentaria severa y el 7 % de los niños y niñas entre 0 y 5 años está en riesgo de desnutrición aguda”.
En materia de salud el estudio entregó cifras aterradoras: en el primer semestre de 2022, los siguientes incidentes relacionados con la salud que afectaron a las personas refugiadas y migrantes aumentaron en comparación con 2021: intento de suicidio (+51 %), violencia basada en género (+8,8 %), morbilidad y mortalidad materna (+50 %), VIH (+23 %), malaria (+9 %), tuberculosis (+25 %) y dengue (+98 %).
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“Las personas refugiadas y migrantes en Colombia han sido fuertemente impactadas por el conflicto armado y expuestos a numerosos riesgos durante sus desplazamientos, entre ellos la trata de personas con fines de explotación laboral o sexual, la VBG, la vinculación y utilización de economías ilícitas, el reclutamiento y utilización de NNA por parte de actores armados ilegales”, señaló el informe.
En cuanto al tráfico de personas, según un informe de GIFMM, el 84 % de las personas venezolanas encuestadas en Colombia utilizó un traficante o "coyote" durante al menos una parte de su viaje. Las fronteras con Panamá, Ecuador y Venezuela son los principales puntos de tránsito de personas refugiadas, migrantes y donde se identifican mayores riesgos de este delito.
“Son múltiples las necesidades que afronta la población refugiada y migrante en Colombia, siendo los niños y las mujeres quienes tienen mayores condiciones de vulnerabilidad. Por tanto, de nuestros esfuerzos mancomunados depende, en gran medida, aliviar el drama que implica la decisión de muchas personas de salir de su país”, dijo Mireille Girard, representante de ACNUR en Colombia y Colíder del GIFMM.
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