El nuevo Senado de la República aprobó el Acuerdo de Escazú en Colombia con un total de 74 votos por el Sí y 22 por el No. Una decisión que generó incomodidad en la oposición liderada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
El líder del Centro Democrático criticó la decisión a través de su cuenta de Twitter y dijo que el Acuerdo de Escazú era la “cesión de soberanía que crea altos riesgos de inseguridad jurídica”.
“Imaginemos un proyecto piscícola en el Tolima debidamente autorizado por las autoridades ambientales y de concesiones de aguas. Con Escazú, queda expuesto a que el Sistema Interamericano obligue a revocarlo. También cabría la hipótesis de que obligara desembalsar a Hidroituango”, advirtió el expresidente Uribe.
Sin embargo, Mauricio Cabrera, asesor para Relaciones de Gobierno y Asuntos Internacionales del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) Colombia, aseguró que el Acuerdo de Escazú no tendrá el alcance que dice el expresidente.
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“Esto no está generando ningún riesgo y ninguna modificación en las estructura de licenciamiento ambiental , solo se está planteando una unión entre países de Latinoamérica para afrontar problemáticas y evitar grandes impactos, ambientales, sociales, entre otras cosas”, explicó el funcionario para Mañanas Blu.
El objetivo principal de habilitar este proyecto de ley no es cambiar el licenciamiento ambiental, según él, es abrirle al ciudadano el acceso a toda la información pertinente de todos los movimientos en el ecosistema en su entorno en compañía de algunas organizaciones: “Han ocurrido casos de entierro de agroquímicos y otras situaciones sin los requerimientos necesario, o incluso algunos que tienen el permiso, pero atientan con el medioambiente”.
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“No es verdad, el acuerdo está en contra de eso, pues son los pilares de este proyecto. No tiene el alcance que está planteando el expresidente Uribe. Al contrario, lo que se busca es evitar grandes impactos (…) Claramente si se ve que hay un tema de medioambiente que se esté manejando de forma incorrecta, por supuesto la ciudadanía tiene todo el derecho el saber lo que sucede. Si el proyecto pone en peligro a la comunidad, serán decisiones nacionales antes de llegar a un extremo de desmantelar una compañía”, aseguró Cabrera.
Además, por parte del Gobierno se buscará que los entes de control identifiquen esos actos reprochables de exceso por buscar permisos ilegales a través de la fuerza.
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