El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, está anunciando que la compañía buscará reactivar los ocho contratos de exploración de hidrocarburos que están suspendidos. Sin embargo, en la lista hay contratos con graves problemas con comunidades desde hace años.
Las declaraciones de Roa se dan luego de la salida de cuatro vicepresidentes de la compañía en medio del cambio de administración y van en línea con la apuesta que está haciendo el Gobierno de Gustavo Petro de darle prioridad a los contratos ya firmados en lugar de adjudicar nuevos contratos a la industria.
"La solicitud que estamos trabajando en las mesas técnicas con Hacienda y con el ministro de Minas tenemos otros contratos número importante de contratos, son ocho, de los que han sido suspendidos. En esos contratos vamos a revisar la posibilidad de una reapertura de los mismos para seguir buscando petróleo y gas para aumentar las reservas y aspirarle a la gran meta que tenemos", dijo el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.
Roa fue más allá y dijo que la intervención de la petrolera estatal podría darse en los contratos que "quizás de pronto llegarán a dejar otras compañías petroleras".
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Los contratos a reactivar
A pesar del anuncio de Roa, la reactivación de los contratos no será una tarea ni sencilla ni inmediata. La lista a reactivar incluye los campos Llanos 38, 39 y 52 que fueron suspendidos por problemas de orden público.
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Para el caso de Sirirí, el problema principal es la oposición de las comunidades indígenas que están en 'tablas' con Ecopetrol desde el 2014.
El presidente Aso U’wa, Javier Villamizar,dijo a Blu Radio en enero pasado que su pueblo, la Nación U’wa, no quiere petróleo en su territorio ancestral y nunca va a dar el permiso para que eso pase. “Nosotros vamos a oponer, vamos a luchar, vamos a resistir y vamos a pelear con el Gobierno nacional”, dijo.
En Osidea el problema, según el acta de suspensión, es también la oposición de las comunidades desde hace varios años. Solo por poner en ejemplo en 2013 Ecopetrol enfrentaba tres procesos judiciales contra la exploración: uno en el Tribunal Administrativo del Casanare, otro en la Procuraduría de Casanare y una acción popular en el Consejo de Estado Por su parte, el contrato de LLA121 fue suspendido en 2023 por problemas de orden público
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