Duro llamado de la Procuraduría: "No hay garantías para ejercer oposición política"

Dentro de este marco, el acuerdo de paz hace énfasis en la importancia de garantizar la seguridad de los líderes sociales y políticos, un componente clave para que puedan ejercer su labor sin temor a represalias, en particular, el acuerdo pone un énfasis crucial en la inclusión de las mujeres y la comunidad LGBTI en la política.

"Las mujeres, que a menudo enfrentan barreras culturales, económicas e institucionales, deben ser reconocidas como actores fundamentales en los procesos de toma de decisiones, especialmente en un país donde la desigualdad ha sido históricamente una constante, su inclusión, junto con otros grupos tradicionalmente marginados, como las personas de la comunidad LGBTI, es vital para lograr una sociedad más justa e igualitaria", señala la Procuraduría .

Por otro lado, la Procuraduría insiste en que la oposición no solo actúa como un contrapeso al Gobierno, sino que desempeña un papel esencial en la representación de diversas perspectivas, lo que evita que las decisiones políticas se tomen únicamente en función de los intereses de un sector específico, además, la oposición fomenta la rendición de cuentas, vigila las acciones del gobierno y promueve el debate público sobre las políticas gubernamentales.

Las críticas que está haciendo la Procuraduría General de la Nación es que a pesar de los avances logrados en la institucionalización de la oposición política, persisten desafíos significativos que dificultan la plena implementación de los derechos establecidos en el estatuto de la oposición se lograron identificar varios obstáculos en su reciente informe, destacando que los tiempos establecidos para la oficialización de la declaratoria política son insuficientes, lo que limita la participación de la oposición en mesas directivas y en los medios de comunicación, especialmente a nivel regional.

Otro desafío importante es la falta de recursos destinados a las organizaciones políticas declaradas en oposición, que no han podido acceder adecuadamente a los medios de comunicación del Estado ni ejercer su derecho de réplica. Esta falta de acceso a la información y a los espacios de visibilidad pública limita gravemente la capacidad de la oposición para influir en el debate político, incluso, la Unidad Nacional de Protección y la Fiscalía General de la Nación presentan deficiencias en el manejo de casos de riesgo y en la identificación de delitos cometidos contra miembros de la oposición, lo que genera un vacío en la protección de estos actores políticos.

Estos problemas estructurales requieren una atención urgente para garantizar que el ejercicio democrático sea inclusivo, respetuoso de los derechos humanos y coherente con los principios del acuerdo de paz. La cooperación entre las instituciones del Estado y los actores políticos, así como el compromiso con la justicia social, son fundamentales para que todas las voces sean escuchadas y para consolidar una paz estable y una democracia plena.