Dura advertencia de JEP a exFarc: quienes incumplan irán a la justicia ordinaria

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) avisó este miércoles 7 de febrero, a los antiguos jefes de la guerrilla de las Farc que quienes se salgan de su jurisdicción perderán los beneficios que brinda esta justicia especial y podrían acabar en la justicia ordinaria después de que estos mostraran su desacuerdo con la justicia transicional.

"Aquellos comparecientes que se aparten de las decisiones de la JEP e incumplan de manera grave sus compromisos están sujetos a la pérdida de los beneficios y a la reactivación de las investigaciones, los procedimientos y las sanciones penales impuestas por la justicia ordinaria", dijo en una rueda de prensa el presidente de la JEP, el magistrado Roberto Carlos Vidal.

Vidal respondió así a la carta que envió al presidente Gustavo Petro , Rodrigo Londoño, último comandante de las Farc y presidente del partido Comunes, y otros antiguos jefes guerrilleros donde manifiestan su disconformidad por ciertas decisiones y movimientos tomados por esta justicia, creada por el acuerdo de paz para juzgar crímenes de guerra.

"No ha sido fácil, presidente Petro, avanzar estos siete años, desde cuando firmamos el tratado de paz: múltiples dificultades, unas naturales, otras creadas, han obstaculizado el sendero de la anhelada paz para nuestro país", arranca la carta, donde hablan de "graves alteraciones" del acuerdo firmado en 2016.

Y también aseguran que la JEP se aparta de "principios básicos del derecho" entre los que mencionan "la legalidad (...) la imparcialidad, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa".

Ante eso, el presidente de la JEP recordó que el marco de actuación de esta justicia especial fue establecido en la Constitución, por lo que sus actuaciones, en aras del esclarecimiento de la verdad y la garantía de los derechos de las víctimas, son legales.

Por ello, Vidal aseguró que las "opiniones" de Londoño y el resto de la última cúpula de las Farc "merecen respeto", pero advirtió: "La Jurisdicción reitera a los firmantes de paz que se sometieron ante este tribunal que no les corresponde emitir órdenes de orientaciones acerca de la manera cómo la magistratura debe cumplir con su mandato constitucional".

"Hacemos un llamado a la sociedad, a lasvíctimas , a los organismos internacionales, a los organismos de control, las altas cortes, la Fiscalía General de la Nación y al Gobierno nacional para rodear el Acuerdo Final de Paz y velar por el respeto y autonomía de la JEP", pidió.

Preocupación por investigaciones En la carta, firmada por Londoño, Pastor Alape, Pablo Catatumbo, Rodrigo Granda, Joaquín Gómez, Julián Gallo y Jaime Alberto Parra, expresan también su "preocupación" por "la apertura interminable de macrocasos" por parte de la JEP y la "idea de dictar resoluciones" en cada uno de ellos porque, en su opinión, eso "vulnera de manera grave la seguridad jurídica de los comparecientes".

"Otra de las decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz que mayor preocupación viene generando es la vinculación, cada vez mayor, de exintegrantes de las FARC en las escalas media y baja del mando a indagaciones sobre hechos específicos del conflicto ", señalan.

Según los firmantes de la carta, eso "ha disparado las alarmas frente a la seguridad jurídica del conjunto de firmantes del acuerdo provocando desconfianza en los mismos, lo que se traduce en la decisión de apartarse de los compromisos del acuerdo tal como lo evidencian las cifras actuales de la Agencia para la reincorporación que indican un incremento de firmantes que están regresando a las armas".

Ante eso, Vidal aseguró que "el tema de la reincidencia, el tema de la disidencia son temas que todos conocemos que son de una inmensa complejidad, que responden a múltiples razones", pero recordó que "a esta altura casi el 90 % de los firmantes del acuerdo se han mantenido en su régimen de condicionalidad".

Ante las amenazas de quienes firmaron la paz y dejaron las armas y el asesinato de firmantes, el magistrado apuntó que la JEP tiene abierto "un proceso de medida cautelares" para los firmantes y que se han hecho llamados a las autoridades para que "cumplan las condiciones del acuerdo"