Dólar caro y tasas más altas: consecuencias de reforma al SGP, según BanRep y Fedesarrollo

La reforma a las transferencias para alcaldías y gobernaciones aprobada por el Congreso podría traer enormes dolores al bolsillo de los colombianos, según advirtieron el Banco de la República, Fedesarrollo y el exministro de hacienda José Antonio Ocampo.

El acto legislativo reforma la constitución colombiana y obliga al gobierno nacional a transferir el 39.5 % de sus ingresos corrientes a departamentos y municipios en un periodo de transición de 12 años.

Para el presidente de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, esta reforma implica un gasto adicional de 3% del PIB en un momento donde las finanzas del Gobierno ya están apretadas.

"No nos debería sorprender presiones al alza en el dólar, es decir, depreciaciones de la moneda colombiana. Y seguramente vendrán los análisis posteriores de las agencias de calificación de riesgo sobre las implicaciones de esta reforma en términos de la sostenibilidad de la deuda pública del país", advirtió Mejía.

En la misma línea, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, advirtió que esta reforma complica todavía más los problemas fiscales del Gobierno nacional, pero además enredan la posibilidad de una bajada más rápida en las tasas de interés para los créditos.

"El reto fiscal que tiene Colombia en este momento afecta los márgenes de riesgo que cobran los inversionistas internacionales por adquirir bonos de deuda externa colombiana y puede afectar las expectativas del mercado cambiario con potenciales impactos adversos sobre el proceso esperado de desinflación. Mientras la incertidumbre en estos frentes se mantenga, las decisiones de políticas monetarias sobre la tasa de política del Banco de la República deberán ser particularmente cautelosas", explicó Villar.

Decenas de exfuncionarios de Gobierno firmaron una carta pidiendo al Congreso que detuviera el trámite de la reforma por considerar que lesiona gravemente las finanzas de la nación. Las críticas no solo vienen de economistas de derecha, sino también de quienes han trabajado en la actual administración.

"La aprobación del sistema general de participaciones genera serios riesgos fiscales, tal como lo hemos señalado un grupo amplio de exministros de Hacienda y el ministro actual. Se siguió una lógica incorrecta: deberían haberse definido primero las competencias de los gobiernos regionales y del nacional, y los costos de unas y otras, no definiendo primero los recursos. Se debe fomentar la descentralización, tal como lo señaló la Constitución de 1991, pero de manera lógica y sin generar importantes riesgos fiscales", aseguró el exministro José Antonio Ocampo.

La reforma no entrará en vigencia hasta que se discuta en el Congreso una ley sobre las tareas que deben asumir los gobiernos locales con los nuevos recursos. Además, la Corte Constitucional tendrá que revisar el texto y podrá rechazarla si considera que vulnera la constitución.