Detrás de la decisión de la canadiense Canacol Energy de cancelar la construcción del gasoducto entre Jobo y Medellín hay un preocupante mapa del conflicto armado que incluye combates entre los grupos armados de la región, desplazamientos, secuestros y hasta minas antipersonal.
Canacol Energy anunció la semana pasada su decisión de cancelar el proyecto por una mezcla de crecientes dificultades y la demora en obtener la licencia ambiental.
Sin embargo, según un documento conocido por Blu Radio fue la propia compañía quien pidió suspender el trámite de la licencia ambiental por considerar que “las condiciones de seguridad no permiten autorizar la salida a campo de personal de la Compañía, en aras de garantizar su seguridad”.
El documento hace un mapa de lo que ocurre en los municipios de influencia del territorio un mes y 12 días después del inicio del cese al fuego entre el Gobierno nacional y el ELN.
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“El cese al fuego con el ELN ha hecho que las AGC tome iniciativa para ocupar territorios dominados por ese grupo armado lo que ha generado una crisis social en la región, de acuerdo con información de la fuerza pública se tienen identificadas alianzas entre las disidencias de las FARC y el ELN para enfrentar las amenaza de las AGC lo que ha generado un incremento de la violencia en la región”, señaló el documento.
Canacol asegura que además de los combates entre las disidencias y el Clan del Golfo en los municipios de Ituango y Briceño; en Cáceres se registraron hechos “como homicidios selectivos, instrumentalización de menores, siembra de minas antipersonales y restricción de la movilidad rural”
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La compañía contabilizó durante el 2023 cuatro hechos que atentaron directamente contra sus trabajadores o contratistas incluyendo retenciones ilegales y amenazas telefónicas. Además los equipos de contratistas reportaron la destrucción de una mina ilegal y una granada sin explotar.
Llamó la atención que en el listado de hechos que preocupan a la compañía están las declaraciones de Pablo Beltran desde Cuba donde dijo que las actividades como el secuestro o la extorsión iban a continuar y un hecho ocurrido el hecho de que el 10 de agosto “comunidad en Briceño (Antioquia) evitó la captura de miembros de las disidencias de las Farc, el Ejército Nacional denunció que unas 100 personas salieron a la defensa de los criminales y usaron a menores como escudo”
El mapa realizado por la compañía (ver imagen) detalla la presencia de grupos armados y disputas entre ellos a lo largo de todo el recorrido que habría tenido el gasoducto.
Canacol había invertido unos 6 millones de dólares en el proyecto solo en el año 2023. Los documentos indican que la compañía ya había declarado la fuerza mayor de su contrato de venta de gas con EPM, sin embargo, en un comunicado emitido el viernes EPM dijo estar ‘sorprendida’ con la cancelación del proyecto.
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