Por la situación de inseguridad en Antioquia y el reciente anuncio de un nuevo impuesto para combatir tal fin, la Asamblea Departamental tomó una decisión que ha generado controversia. El pasado viernes, la Asamblea de Antioquia aprobó, con 14 votos a favor y 10 en contra, la creación de este impuesto a través de los servicios públicos.
Implicaciones legales de la medida
Uno de los críticos de este impuesto ha sido el diputado de Antioquia, Luis Peláez, quien ha presentado una tutela en contra de la medida.
"Esto es un impuesto posiblemente ilegal e inconstitucional. Ninguna asamblea departamental puede imponer impuestos, ningún funcionario público puede votar a favor o en contra sobre una situación que se le ha anunciado que posiblemente sea ilegal o inconstitucional. Los diputados pueden alegar que votaron en buena fe, pero el único que no va a poder decir eso es el gobernador de Antioquia, que incidió en que los diputados votaran a favor o en contra de algo que es considerado ilegal, entonces, en caso de que este proyecto de ordenanza sea declarado ilegal o inconstitucional, las repercusiones legales hacia el gobernador podrían ser bastante drásticas", aseguró el diputado.
A raíz de esto, Peláez anunció la presentación de una tutela y dos demandas adicionales, señalando que afirman que la creación de la empresa Valor Más, para hacer estos cobros, es también cuestionable.
“Lo que hizo el gobernador de Antioquia, al proponer este cobro, es dudar de las facultades legales para crear impuestos", argumenta Peláez.
El debate se intensificó al considerar que el estado de seguridad en el país exige respuestas rápidas y efectivas. Sin embargo, la creación de nuevos impuestos puede generar dudas sobre su sostenibilidad y legalidad.
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A medida que avanza el proceso, queda por ver cómo responderán los organismos judiciales a las acciones presentadas y si se lograrán suspender los cobros para el inicio del impuesto programado el próximo año.
Hay que decir que el futuro del nuevo impuesto dependerá, en gran medida, de los fallos que emitan las instancias judiciales sobre estas demandas.
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“Ya hablamos con la Liga Nacional de Usuarios para demandar también la tasa del Valle del Cauca y otras, exactamente tres, que se han hecho al departamento. Nosotros, dentro de nuestro equipo jurídico hemos determinado que esa argumentación de esas tasas departamentales, porque las distritales y municipales podrían tener, digamos, un asiento distinto y normativamente distinto, pero las departamentales se podrían caer por vicios de nulidad, en este caso de ilegalidad y de inconstitucionalidad”, enfatizó.
Escuche la entrevista aquí:
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