La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana de inminencia, debido al peligro que están corriendo diez pueblos indígenas del resguardo Caño Mochuelo, en zona rural de los municipios de Hato Corozal y Paz de Ariporo, Casanare, una zona que sufre el control del frente 28 José María Córdoba, del Comando Conjunto de Oriente de las disidencias de las Farc.
El organismo advierte de la gravedad del asunto porque integrantes del grupo disidente estarían obligando a las autoridades tradicionales indígenas a tomar medidas sobre el comportamientos de las poblaciones. De no hacerlo, no solo las autoridades étnicas, sino todos los indígenas de las comunidades son sometidos a la propia ‘justicia’ del grupo rebelde, que pretende tener el control absoluto de esta zona de los llanos orientales.
Ante el escenario de vulneración de los derechos a la vida, integridad, seguridad, libertad, además de otros, de las comunidades indígenas, la Defensoría del Pueblo requiere la intervención urgente de la institucionalidad estatal, a partir de un trabajo articulado y diferencial, teniendo en cuenta la tradición cultural nómada.
Además, el resguardo Caño Mochuelo, dónde convergen estas comunidades es susceptible de enfrentamientos armados, por esta razón podría verse envuelto en consecuencias nefastas que afecten sus formas de sustento, cultivos y prácticas alimentarias y amenazaría la subsistencia de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, adultos y personas mayores.
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El llamado final es al Ministerio del Interior para que dé cumplimiento a las medidas de prevención y protección. Igualmente, le solicita activar los mecanismos de respuesta rápida frente a posibles vulneraciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.
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