Deudas por tumbas de sus hijos no dejan dormir tranquilas a madres de Soacha

Pese a que Eduardo Garzón Páez desapareció del municipio de Soacha en marzo de 2008 y apareció muerto en Cimitarra, Santander, ese mismo año, casi diez años después su madre, Ana Páez Muñoz, no ha podido terminar de pagar los costos del traslado del cuerpo.

“No he podido pagar la traída de mi hijo. Me costó 15 millones de pesos y todavía debó 5 millones. Eso no me deja dormir”, cuenta desconsolada la Ana, quien dice que a pesar de que ocho militares fueron condenados a entre 28 y 55 años de prisión por el asesinato de su hijo, el Estado colombiano no la ha reparado a ella ni a sus tres nietas.

“No hay reparación ni nada y mi hijo dejó tres hijos, y no tengo como pagarles la universidad”, explica.

Además, cuenta que el Ejército les prometió un mausoleo. “¿Qué ha pasado?”, se pregunta Ana. “Nada, ni la han cumplido”

 
-“En el cementerio me dijeron que debo 11 millones de pesos”:

Un calvario parecido vive Beatriz Méndez Piñeros, tía de Edward Benjamín Rincón Méndez y su hijo Weimar Castro Méndez, jóvenes asesinados a manos del Ejército en Ocaña, Norte de Santander. 

Beatriz dice que el cementerio les envió una carta en que le comunican que debe 11 millones de pesos. “Entonces, imagínese semejante deuda tan grande”, cuenta abrumada.

 “Ya la deuda va grande, entonces la Fiscalía se lava las manos diciendo que ellos no tienen recursos y no se hacen cargo de las deudas”.

-Ya perdí la cuenta de lo que debo: 
 
Mélida Bermúdez Marín, madre de Jonathan Orlando Soto Bermúdez, asesinado en Ocaña, dice que afortunadamente estaba pagando un plan especial que le cubrió el traslado del cuerpo de su ser querido y el entierro por cuatro años.

Sin embargo, reconoce que desde el quinto año no volvió a cancelar hasta la fecha.

“Cuando me llamaron para la deuda, la Fiscalía me hizo una carta en donde hacía responsable al cementerio si lo llegaban a sacar, porque era un caso que estaba en proceso de investigación. La verdad no sé cuánto tocaría pagar”, dice.

Por su parte, Idalí Garcerá Valdez, madre de Diego Alberto Tamayo Garcerá, otra de las víctimas de los falsos positivos, dice que hasta 2017 la deuda era de 3 millones y está a la espera de las promesas que hace 10 años les hizo el propio Ejército.   

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“Nos dijeron que nos iban a ayudar que nos iban hacer un mausoleo y que nos iban a pagar, según el Ejército, y no hicieron nada. Uno vive como preocupado por esa deuda sin tener con qué pagarla”, dijo.

Por su parte, Yaqueline Castillo Peña, hermana de Jaime Castillo Peña, afirma que se cumplen seis años de deuda y ha expuesto esa situación en varias entidades, como la Defensoría, la Fiscalía y los mismos abogados para poder liberarse de la deuda.

“Básicamente es la bóveda que se debía entregar y pues año a año la deuda va creciendo. Ya debemos 5 millones de pesos y debe ser más”, explicó.