La Procuraduría General destituyó, sancionó e inhabilitó por 18 años al magistrado Camilo Andrés Ruiz por ser responsable de sustanciar, proyectar y gestionar el trámite procesal de los expedientes penales en el despacho judicial del magistrado Gustavo Enrique Malo Fernández.
Ruiz recibió grandes sumas de dinero por parte del abogado Luis Gustavo Moreno para actuar contrario a sus funciones legales y constitucionales, para demorar los trámites y retardar la sustanciación de investigaciones penales que se adelantaban contra el excongresista Milton Córdoba Manyoma, una de ellas relacionada con el reporte de una inexistencia explotación minera.
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Según informa el ente de control, el Ministerio Público corroboró que el abogado también le entregó al Camilo Andrés dinero para retrasar el trámite en el proceso penal adelantado contra la excongresista Argenis Velásquez Ramírez, relacionada con el cobro ilegal de una comisión a una EPS cuando se desempeñaba como alcaldesa en Orito, Putumayo.
Ante estos hechos investigados por el ente, la procuradora delegada de juzgamiento 2 consideró la falta como gravísima a titulo de dolo.
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Recordemos que este tipo de faltas se trata de una sanción por medio de la suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial, si la falta llegase a hacer grave culposa, se realizaría solo a suspensión del cargo.
La falta gravísima a título de dolo se da porque el exmagistrado se puso en servicio de la organización criminal el cartel de la toga, irrumpiendo el principio de moralidad.
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