Con la firma final del presidente Iván Duque, la Superintendencia de Salud ya está facultada para inhabilitar a empleados del sector privado que pertenezcan a EPS, IPS y otros prestadores del servicio de salud a los que se les compruebe su responsabilidad en irregularidades con la atención a sus afiliados. Los gerentes, revisores fiscales, representantes legales y otros altos directivos podrán ser removidos de sus cargos e inhabilitados para cualquier cargo en el sector hasta por quince años.
Además, las sanciones de la Superintendencia que hasta ahora habían sido muy pequeñas se amplían y con la obligación de que se garantice el pago con los recursos propios de los responsables y no con los dineros públicos de la salud.
En plata blanca el cambio es bastante grande. Las sanciones para personas jurídicas pasan de 2.500 salarios mínimos mensuales
A personas naturales las multas se elevan hasta 2.000 salarios mínimos, $ 1.656 millones. También hay una modificación en la imposición de las multas sucesivas que ahora serán de hasta 3.000 salarios para personas jurídicas, y 300 salarios para personas naturales.
Todas estas facultades van a hacer la vigilancia más seria y precisa. El superintendente Fabio Aristizabal dijo que no cree que posibles inversionistas se alejen de Colombia por las nuevas sanciones porque se debe entender que el país necesitaba reglas claras para fortalecer el poder de la vigilancia y prevenir abusos con la salud.
Además, las sanciones de la Superintendencia que hasta ahora habían sido muy pequeñas se amplían y con la obligación de que se garantice el pago con los recursos propios de los responsables y no con los dineros públicos de la salud.
En plata blanca el cambio es bastante grande. Las sanciones para personas jurídicas pasan de 2.500 salarios mínimos mensuales
, que era la máxima multa de la Superintendencia antes a 8.000 Salarios mínimos que son $ 6.625 millones.
Vea también: Al menos 22 EPS del país están en riesgo de liquidación en 2019: Supersalud
A personas naturales las multas se elevan hasta 2.000 salarios mínimos, $ 1.656 millones. También hay una modificación en la imposición de las multas sucesivas que ahora serán de hasta 3.000 salarios para personas jurídicas, y 300 salarios para personas naturales.
Todas estas facultades van a hacer la vigilancia más seria y precisa. El superintendente Fabio Aristizabal dijo que no cree que posibles inversionistas se alejen de Colombia por las nuevas sanciones porque se debe entender que el país necesitaba reglas claras para fortalecer el poder de la vigilancia y prevenir abusos con la salud.
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