Desde acuerdo de paz se han registrado 93 eventos de tala masiva de árboles por grupos armados: JEP

El presidente Gustavo Petro aseguró en las últimas horas que la deforestación era uno de los peores crímenes que se pueden cometer, ya que se atenta contra toda la humanidad y anunció que a partir de enero el Gobierno implementará un plan para pagar a algunas comunidades y familias que tengan un compromiso por proteger la selva.

Los grupos armados son en gran parte los responsables de las talas masivas de árboles que afectan la capa vegetal y la fauna de diferentes regiones del país. Según cifras de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, desde la firma del acuerdo de paz, en el año 2016, y hasta el 23 de octubre de este año, se han registrado 93 eventos de tala masiva o indiscriminada de árboles, que afecta a la capa vegetal o a la fauna, en 18 de los 32 departamentos del país.

"El departamento del Guaviare ha sido el que mayores niveles de tala indiscriminada se ha registrado, con 17 eventos, los cuales han causado graves repercusiones ambientales, especialmente en la capital del departamento, donde se concentraron la mitad de los hechos. De manera consiguiente el Chocó ha sufrido 15 afectaciones derivadas de la tala en las subregiones del Atrato, Pacífico, San Juan y Darién", señaló la UIA de la JEP.

Entre los años 2017 y 2020 hubo un promedio de 5 eventos anuales de tala de árboles masiva; sin embargo, el 2021 se registró un aumento del 900 %, pues se registraron 50 eventos en ese año. En promedio, durante 2022, se han presentado dos por mes. No obstante, en el 99 % de los casos aún no se logra identificar al actor armado responsable.

"Entre los presuntos responsables de las afectaciones a la vegetación y fauna producto de la tala indiscriminada de árboles se encuentran las disidencias de las FARC, quienes han perpetrado el 19 % de ellas, principalmente en los departamentos de Guaviare, Caquetá y Putumayo, donde ocurrieron el 72 % de las afectaciones. Por su parte, el Clan del Golfo encabezó alrededor de seis afectaciones de esta naturaleza concentradas en los departamentos de Chocó y Antioquia”, añadió la JEP.

Durante el tiempo analizado, elELN llevó a cabo el menor número de eventos de tala con dos afectaciones que se presentaron en Antioquia y en el Cauca.

¿Cuáles son las razones por las que los grupos armados están involucrados en la tala masiva de árboles?

Juan Camilo Rodríguez es investigador de la Fundación Paz y Reconciliación y explicó que hace unos años los grupos armados estaban utilizando la selva con el fin de esconderse de las autoridades y por ello veían en ella una forma de evadir a las autoridades y poder continuar con sus actividades ilícitas. Sin embargo, aseguró que con el objetivo de aumentar sus rentas ilícitas estarían realizando tala de árboles en algunas zonas del país donde delinquen.

"Vemos un fenómeno de expansión de la frontera agrícola muy vertiginoso y especialmente concentrado en la Amazonía colombiana y en departamentos como Caquetá, Guaviare y Putumayo, en donde se corta selva y hay un acaparamiento de tierras por parte de actores todavía no reconocidos. Los grupos armados tienen una relación con la deforestación, pues antes del 2016 estas cifras no se estaban dando, definitivamente los grupos tienen control de este espacio que históricamente ha sido olvidado por el Estado. Encontramos un fenómeno de acaparamiento de tierras y hay que ver el aumento de cultivos de uso ilícito. Las hectáreas de hoja de coca aumentaron de un año al otro en más de un 40 %", señaló Rodríguez.

Por su parte, Jorge Mantilla, director del área de conflicto y violencia organizada de la Fundación Ideas para la Paz, consideró que también se necesita una respuesta del Estado que pasa tanto por la protección de los líderes ambientales como también por tomar medidas efectivas que respondan a la deforestación y que deben tenerse en cuenta en el momento de entablar diálogos con los grupos responsables de estos delitos.

"Hay que tener claro cuáles son los impactos ambientales de estos grupos armados y sus actividades ilegales, se debe mejorar la protección de comunidades étnicas como cabildos indígenas, que aportan a la conservación del medioambiente y avanzar hacia una perspectiva de seguridad ambiental", señaló Mantilla.

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