
La Contraloría General de la Nación denunciará ante la Fiscalía la presunta desaparición de archivos de la contabilidad del Departamento de Prosperidad Social, DPS.
Y es que la entidad nacional aseguró que, en el desarrollo de una auditoría de cumplimiento, la meta era revisar 889 convenios interadministrativos relacionados con obras para la prosperidad e infraestructura social y que alcanzaban los $2.4 billones, pero en realidad solo recibieron la información completa de 25, es decir menos del 3%.
“En la muestra se seleccionaron convenios celebrados desde 2011 en adelante, que estaban vigentes o se liquidaron entre las vigencias 2020 y el primer semestre del 2024, sin embargo, DPS sólo aportó los documentos que actualmente reposan en la entidad, y no fue posible obtener información requerida para su análisis, ya que, según manifestó el DPS, dicha documentación no se encontraba en sus archivos y expedientes contractuales; y únicamente pudieron entregar lo que efectivamente obraba en sus archivos”, detalló la Contraloría.
La Contraloría instó a entregar toda la documentación pues esto es necesario para concluir si los proyectos terminaron y/o los recursos se invirtieron adecuadamente.
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Además, de eso la preocupación de la entidad es que varios de estos procesos de los cuales falta información, ya están bajo la lupa por presuntas inconsistencias y alertas de responsabilidad fiscal.
Incluso, en los que convenios que se alcanzaron a revisar porque sí enviaron toda la información, “la Contraloría evidenció deficiencias en los procesos de seguimiento y control a los convenios y contratos, relacionadas con el pago de mayores cantidades de obra, calidad de las obras, obras inconclusas, asignación de interventorías y retrasos en la ejecución de las mismas”.
En este informe se destacan por ejemplo 11 hallazgos con incidencia fiscal por un valor de $12.682 millones.
Entre ellos la construcción y adecuación de un mercado público en Fundación, Magdalena, que se terminó pero hoy está abandonado, y la plaza de mercado del Coyaima, Tolima, el cual tuvo un avance de obra del 51.38 % y no se terminó, lo que generó un detrimento por $2.754 millones, valor que corresponde a los pagos realizados por Prosperidad Social al Ente Territorial, sin que la obra cumpla con su funcionalidad por cuanto no está terminada.
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Finalmente, la Contraloría manifestó que ha encontrado una práctica deficiente de controles en el DPS el desarrollo de los convenios interadministrativos con los entes territoriales.