Recientemente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca recibió una demanda en contra de la resolución No. 7480 del 15 de mayo de 2024, firmada por el ministro de Educación ad hoc, Juan David Correa. Correa, designado por el presidente Gustavo Petro, fue nombrado para llevar a cabo acciones de inspección y vigilancia en la Universidad Nacional durante el proceso de designación del nuevo rector.
En su resolución, ordenó al Consejo Superior Universitario (CSU) nombrar un rector encargado en un plazo de 24 horas, bajo la amenaza de imponer multas de hasta cien salarios mínimos mensuales legales vigentes si no se cumplía la orden.
El abogado Germán Calderón España, quien presentó la demanda, argumenta que la resolución de Correa viola el principio de autonomía universitaria consagrado en el artículo 69 de la Constitución. Este artículo establece que las universidades pueden darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos. Calderón España sostiene que las decisiones de Correa son contrarias a la votación mayoritaria del CSU, que había elegido a Peña Reyes como rector para el periodo 2024-2027.
En su demanda, Calderón España cita jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la autonomía universitaria. Según esta jurisprudencia, la autonomía universitaria implica dos tipos de libertades constitucionales: la autodirección, que permite a las universidades designar sus directivas, y la autorregulación, que les permite regirse por sus propios estatutos sin interferencia del Estado. En el ámbito administrativo, esto significa que las universidades tienen la facultad de decidir su organización interna y funcionamiento de acuerdo con la ley.
Publicidad
El abogado también ha solicitado una medida cautelar para suspender provisionalmente los efectos jurídicos de la resolución con carácter urgente. Esta medida busca proteger la autonomía universitaria y evitar que las acciones del ministro ad hoc perjudiquen el normal desarrollo de las actividades en la Universidad Nacional.
El conflicto ha generado preocupación entre la comunidad académica y sectores políticos. Algunos argumentan que la intervención del ministro ad hoc es necesaria para asegurar la transparencia y legalidad en el proceso de designación del rector, mientras que otros ven en estas acciones una amenaza a la autonomía universitaria y un precedente peligroso de intervención estatal en la gestión de las universidades públicas.
Publicidad
La controversia también ha llevado a debates sobre la necesidad de revisar y fortalecer los mecanismos de control y supervisión de las universidades, garantizando al mismo tiempo el respeto a su autonomía.
Mientras el Tribunal Administrativo de Cundinamarca estudia la demanda, el futuro de la resolución de Correa y su impacto en la Universidad Nacional queda en suspenso, a la espera de una decisión judicial que clarifique el rumbo a seguir en este delicado asunto.
Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.