El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, estableció que son alrededor de 3.347 personas de 830 familias en el departamento del Chocó, pertenecientes la mayoría al pueblo indígena Embera, quienes sufren confinamiento, extorsiones, amenazas y reclutamiento de menores de edad por parte del grupo armado del Clan del Golfo.
De acuerdo con la misión de verificación hecha en el territorio, 12 comunidades campesinas e indígenas sufren este confinamiento a causa de las minas antipersonales, la Defensoría
asegura que cuando salen de sus casas se enfrentan a retenes por parte del grupo armado en donde los extorsionan.
Las familias que forman parte de estas comunidades se ven afectadas por las amenazas a lideresas, líderes sociales y profesores, torturas contra indígenas, al parecer por pertenecer a diferentes grupos armados ilegales. Uno de los casos más graves es el acoso sexual contra mujeres.
“A las mujeres las requisan y las despojan de sus pertenencias íntimas. Nos manifestaron que quieren suicidarse, que no soportan más la degradación a la que están siendo sometidas. Si llegan a hablar sobre lo sucedido, sus vidas corren peligro”, manifestó el defensor.
La Defensoría del Pueblo frente a esta problemática dispondrá de un equipo humano para que realice brigadas de salud y en temas psicosociales con el objetivo de identificar los posibles casos de suicidio que se presentan en esta comunidad.
Otro hecho perpetrado por el Clan del Golfo es el impedimento de la entrega de recursos a la comunidad que vive de la producción del plátano, les impiden sacar del territorio este producto porque piensan que irán destinados a otros grupos armados ilegales.
El defensor del Pueblo manifiesta que esta situación es una clara violación al derecho internacional humanitario enmarcado en los Protocolos de Ginebra. “Lo que está sucediendo afecta a los pueblos indígenas y su autonomía ancestral, pero también a los campesinos de Bojayá y sus alrededores”, expresó Camargo.
Como parte final, el funcionario le pidió a los cuerpos de seguridad del Estado que hagan presencia y actúen honrando lo que dicta la Constitución Nacional y protejan la dignidad humana de la población del Chocó.
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