Durante la presentación del sexto informe de seguimiento a la implementación del acuerdo de paz el defensor del pueblo encargado, Julio Balanta, alertó sobre la situación del Chocó y de su comunidad por cuenta del paro armado del ELN que aunque fue levantado, siguen existiendo restricciones en materia de salud y seguridad para la población al intentar desplazarse. El funcionario también se refirió a la Operación Amazonía, de la Policía Nacional, donde se destruyeron cinco tramos de vías y cinco puentes ilegales en el Parque Nacional Natural Chiribiquete y la calificó como desproporcionada.
"No debe ser la causa para revictimizar a la población, porque entonces bajo esa teoría tendríamos que destruir todos los puentes del país. No es posible que, aparte del acoso de los ilegales, la comunidad tenga que ser víctima de acciones en ocasiones desmedidas por parte del Gobierno nacional", dijo.
El defensor habló también de la necesidad de rediseñar la política de paz total porque como se está llevando ha dificultado la implementación del acuerdo de paz. “Como cartera política, el Ministerio del Interior, debe visualizar la necesidad de rediseñar la política de paz total que hasta el momento ha significado una especie de ralentización en el cumplimiento de los acuerdos”.
Por su parte, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, admitió que por inseguridad se han visto en riesgo las zonas del proceso de paz. “Hay problemas serios en materia de seguridad que dificultan la implementación del acuerdo y ahí hay un desafío muy grande. Hay violencia concentrada en la disputa de las bandas criminales para apropiarse de las rentas y una desesperación de la gente”.
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