En las comisiones económicas del Congreso se debate este miércoles el presupuesto general de la Nación para el 2022, en el que se ha estipulado un monto de $350.4 billones y que se discute en el primer debate y, de aprobarse, pasará a las plenarias de Senado y Cámara
para que entre en vigencia.
En el texto que propuso el Gobierno para discusión, se incluyeron 126 artículos, dentro los que se cuentan 35 artículos nuevos.
Allí se encuentra uno que ha sido polémico y es el que modifica la Ley de Garantías, se trata del artículo 125 que dice que “a partir de la publicación de la presente ley, suspéndase el inciso primero del artículo 38 de la Ley 996 de 2005 y en consecuencia, las entidades del orden nacional y las entidades territoriales podrán celebrar convenios administrativos e interadministrativos para la ejecución de recursos públicos”.
Este artículo generó polémica dentro de los congresistas desde la oposición, la representante Katherine Miranda de la Alianza Verde afirmó que ese artículo es un “mico”.
“La eliminación de la Ley de Garantías es un mico porque elimina instrumentos que buscan evitar simultáneamente el fraude contractual y el fraude electoral, además, pone en bandeja de plata la compra de votos, la intimidación contractual con fines electorales”, afirmó.
Sin embargo, desde el Partido Conservador el senador Efraín Cepeda señaló que no es cierta la afirmación y que ese artículo está blindado.
“Ese artículo que se ha satanizado tanto en el sentido de permitir convenios administrativos, no solamente está blindado normativamente, sino que quiero recordarle a los congresistas y al país, que cuando ese artículo nació en 2005, fue por la reelección presidencial, que ya no existe”, explicó.
Desde el Partido Liberal también se unieron en la defensa de este artículo nuevo en el presupuesto general. Según el representante Jhon Jairo Roldán, esto ayudará a la reactivación económica y a que los gobernantes puedan cumplir con sus planes de gobiernos retrasados por la pandemia.
“La ventaja para que los alcaldes y gobernadores accedan a convenios administrativos e interadministrativos con la Nación, donde realmente están los recursos”, puntualizó.
Otro artículo que generó polémica fue el 104, que tiene que ver con el traslado exprés entre fondos privados y Colpensiones, que quedó de la siguiente forma:
Durante la vigencia 2022, se permitirá el traslado de afiliados del régimen de ahorro individual al régimen de prima media, siempre que sean hombres mayores de 52 o mujeres mayores de 47 años, y que hayan cotizado como mínimo 750 semanas al régimen de prima media. Las prestaciones que se deriven de los riesgos de invalidez y muerte deberán ser reconocidas y pagadas por la entidad administradora ante la cual se hayan realizado efectivamente las cotizaciones a la fecha de ocurrencia de la muerte o estructuración de la invalidez. El traslado de los recursos y de la información que corresponda, deberá realizarse en los términos y condiciones que para el efecto establezca el Gobierno Nacional
Este artículo se aprobó gracias a una proposición del representante Juan Carlos Wills, quién dijo que es algo necesario para las personas que tienen posibilidades de pensionarse.
“Esto permitirá a la gente que el cambio de régimen pensional sea una realidad, que la gente que le falta menos de 10 años para pensionarse pueda elegir el régimen pensional de su preferencia, es decir, que puedan cambiar quienes han sido víctimas por muchos años de los fondos privados y puedan pasarse a Colpensiones”, explicó.
Cabe señalar que dentro de la regionalización de los recursos del presupuesto general hay un apartado en el que se dio a conocer que para 2022, a Bogotá se le entregarán $5.9 billones, dentro de los cuales están estipulados $470 mil millones para la primera línea de metro.
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