¿Cuánto gasta el Gobierno en influenciadores? Esto dice informe a propósito de Consulta Popular

Este fin de semana, en las cuentas oficiales del Ministerio del Interior compartieron publicaciones relacionadas con la consulta digital, con las que buscan recopilar propuestas de la ciudadanía para sumar a dicho proceso.

A propósito, El Espectador publicó este domingo 6 de abril, un informe especial en el que hizo referencia a 18 activistas e influenciadores afines al Gobierno Petro en redes sociales que firmaron contratos por más de $700 millones en 2025.

“Desde la mañana del 2 de abril hasta la tarde del viernes 4 de abril, un centenar de cuentas publicaron en X con el hashtag #ConsultaPopularSí. Días antes, el 18 de marzo, cuando el presidente llamó a sus seguidores a manifestarse a favor de la hundida reforma laboral, varias de las cuentas que usaron la primera etiqueta movieron en esa misma red #ALasCallesEstel8, que llegó a un pico de 2,25 millones en alcance”, referencia el informe como uno de los ejemplos del contenido qué se está moviendo por parte de estas cuentas.

Los perfiles, además de interactuar y compartir información de las cuentas oficiales de los ministros y altos funcionarios, también corresponden con ciudadanos que hoy contratan con el Estado.

Según el informe, estas personas tienen vínculos contractuales con una o varias entidades al tiempo, como lo son los ministerios de Salud y Minas, el Departamento de Prosperidad Social, Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, RTVC, Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y el Dane.

Tras un seguimiento y monitoreo, El Espectador destacó cuentas como las de Levy Rincón (@LevyRincon) y Walter Rodríguez (@MeDicenWally), reconocidos por su activismo digital y su espacio en RTVC llamado "Política al revés". También David Rozo (@DonIzquierdo), con uno vigente por $11 millones.

En el de Cielo Rusinque hay, por lo menos, tres influenciadoras. La primera es Laura Beltrán (@smilelalis), quien tiene un contrato por $133 millones. Luego está Diana Marcela Portilla (@Nome-tiente2), que tiene un contrato por $42 millones, quien, además, por su activismo digital, está enfrentada con el representante Hernán Cada vid, del Centro Democrático, en los estrados judiciales.

“Otra de las influenciadoras es Valentina Gutiérrez Araújo (@Valentinarauj18), con un contrato en la SIC por $39 millones. También tiene otros con el Ministerio del Interior y el DPS por $28 y $36 millones, respectivamente”, agregó El Espectador.

También se destacan Elizabeth Ortiz (@Elizbeth-Cris7), con contratos en los ministerios de Salud y Minas por $46 y $114 millones; Laura JuliethMartínezz (@LaJulie-taMM), contratada en la UNGRD por $101 millones, y Urias Velásquez (Uriasv), con un contrato por $157 millones en el SENA.

En su informe, El Espectador explicó que estas cuentas de manera coordinada, difunden mensajes, información positiva del Gobierno y se enfrentan con influenciadores de otras tendencias ideológicas, aclarando que sí bien no es el único sector político que lo hace, en este caso el Gobierno Petro sí destina recursos para contratar estos influenciadores.

A partir de esto, el diario adelantó un seguimiento usando varias herramientas dedicadas a monitorear conversaciones en entornos digitales como las redes, destacando una disputa entre ambos sectores políticos por la mayor difusión de sus mensajes.

“Se trata, más allá de una competencia por likes y mensajes compartidos, un enfrentamiento por el control de los discursos que se mueven en redes sociales. Un ejemplo de ello ocurrió el 18 de marzo. Ese día fue la primera movilización luego de que el presidente Petro llamara a la consulta popular, cuyas preguntas llegarían al Senado a mediados de abril y que, en caso de salir adelante, se realizaría entre octubre y noviembre con un costo, solo con la cita a urnas y sin contar la campaña, de más de $600.000 millones”, aseguró el informe.

Para ejemplificar esa disputa, se destacaron dos hashtags: #ALaCalleEste18 impulsado por el peronismo y #PetroYoNoMarcho de la oposición.

Varios sectores afines al petrismo han defendido estas estrategias, entre ellos Gustavo Bolívar y en especial al tener en cuenta que las redes sociales han sido el escenario preferido por el mandatario nacional para comunicar sus ideas, respuestas y órdenes en diferentes coyunturas.

“En una investigación reciente, El Espectador encontró que, solo en 2024, el Gobierno contrató más de $63.508 millones en temas relacionados con publicidad con las tres principales centrales de medio, que son canales públicos: RTVC, Teveandina (Canal Trece) y Telecafé. Y si se suma todo el gasto en propaganda desde el 7 de agosto de 2022 hasta enero de 2025, la cifra se dispara a $131.535 millones”, puntualizó el informe.