Patricia Tobón Yagarí, exdirectora de la Unidad para las Víctimas , habló en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, que la legislación colombiana reconoce la administración de justicia por parte de los pueblos indígenas, pero señaló que esta jurisdicción debe reglamentarse con garantías institucionales. Destaca que en caso de que las mujeres indígenas no accedan a la justicia en sus comunidades, la justicia ordinaria debe intervenir para proteger sus derechos. Todo esto ante recientes casos de violencia al interior de estas comunidades.
Es cierto que la legislación colombiana reconoce la Constitución, la administración de justicia por parte de los pueblos indígenas, pero también es importante reconocer que esta jurisdicción, que es una jurisdicción que debió haberse reglamentado con garantías institucionales y procesales para la administración de justicia, ha sido una de las mayores omisiones legislativas. Apenas está en un proceso de consulta
En relación a la violencia física contra las mujeres, explicó que es responsabilidad de la Fiscalía y los jueces tramitar estos casos, tanto porque los hechos ocurrieron fuera de las comunidades indígenas como por la falta de protección de los derechos de las mujeres en estas comunidades.
Tobón resaltó la importancia de sancionar ejemplarmente este tipo de violencia, ya que de lo contrario se perpetúa la impunidad y se seguirá vulnerando los derechos de las mujeres. También menciona que es preocupante que este tipo de situaciones ocurran en lugares cercanos a los centros de poder, como en Bogotá, lo que plantea la pregunta de qué sucede en otras partes del país donde la cercanía a las autoridades es menor.
"Por eso es muy importante poder no solamente revisar, sino aterrizar, unos procedimientos pragmáticos que de verdad permitan acceder a justicia real eficiente a las mujeres indígenas y que si la Comunidad no puede sancionar efectivamente y no muestra una acceso suficiente a a la justicia con garantías de género para las mujeres, que sea la justicia ordinaria que lo haga".
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En cuanto a la propuesta de una mesa de trabajo entre autoridadesindígenas y nacionales, la consideró que es necesario llevar a cabo este tipo de encuentros para abordar la problemática de violencia contra las mujeres indígenas y garantizar su protección en todo el país. Además, destaca la importancia de generar sistemas de recolección de datos y sistematización para conocer la magnitud del problema y tomar medidas adecuadas.
En relación a la presencia de mujeres indígenas en las calles de Bogotá, la ex funcionaria mencionó que no se puede generalizar ni estigmatizar, ya que no todas las mujeres indígenas están en esa situación. Sin embargo, reconoce que existe una problemática de violencia de género y explotación que debe ser abordada. Destacó que el Estado colombiano tiene la obligación de sancionar a quienes incurran en delitos como la trata de personas y también debe trabajar en fortalecer la administración de justicia al interior de las comunidades indígenas.
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"La jurisdicción ordinaria para mí es un acto de discriminación y de violencia contra el derecho de las mujeres indígenas. Ahora más que nunca son llamadas las instituciones del orden nacional a intervenir precisamente porque no ha sido eficiente esa administración o ha sido débil en esos territorios. Mientras elGobierno avance en la efectiva reglamentación con estas comunidades, sí que es necesario asegurar la protección real de los derechos humanos de las mujeres indígenas"
Finalmente, enfatizó la importancia de acceder a la justicia y proteger los derechos de las mujeres indígenas. Destaca la necesidad de una mayor regulación y fortalecimiento de la jurisdicción indígena, así como de programas y medidas que aborden la problemática de violencia contra las mujeres y la explotación en todas sus formas.
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