En la Corte Constitucional tuvo lugar la audiencia pública de seguimiento a la seguridad de los firmantes del acuerdo de paz. Allí, la presidenta de la Sala de Seguimiento Cristina Pardo, habló sobre las alertas y la crisis en cuanto a la seguridad de esa población.
La magistrada de la Corte Constitucional aseguró que desde 2020 la Defensoría del Pueblo venía advirtiendo riesgos de amenazas, homicidios y desplazamiento incluyendo a los firmantes del acuerdo de paz y sus familias en las regiones del Cesar y Norte de Santander.
Además, indicó que la Sala de Seguimiento registró 8 alertas tempranas sobre esa misma situación en el Catatumbo , “Estos crímenes son inaceptables y nos recuerdan dolorosamente la intervención constitucional enfocada hoy en el componente de prevención y reacción de las garantías de seguridad para los firmantes de paz”, dijo la magistrada Cristina Pardo.
Quien asistió a la sesión técnica llevada a cabo en el alto tribunal, fue la defensora del Pueblo Iris Marin, quien aseguró que los riesgos que enfrentan los firmantes del acuerdo de paz tienen que ver con que cada grupo armado ilegal mes a mes tiene nuevas fragmentaciones, lo que genera una expansión que hace más difícil seguir los riesgos y la capacidad del Estado para responder a ellos.
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Situación en el Catatumbo
Sobre la crisis humanitaria en el Catatumbo, las cifras que entrega la Defensoría del Pueblo a la fecha, es de 6 firmantes asesinados, 12 evacuados de la zona, 166 firmantes y sus familias han sido desplazadas y se tiene reporte de la desaparición forzada de al menos 14 firmantes de paz.
Incluso, la defensora aseguró que entre los desafíos para la protección de los firmantes no solo en el Catatumbo, sino en todo el país, es tener en cuenta que este año es preelectoral, lo que va a exacerbar los riesgos para toda la población y por eso será necesario que el sistema de alertas tempranas y todas las autoridades hagan un análisis diferencial de esta situación.
Por su parte, Olga Marcela Rico, delegada de los firmantes de paz, sugiere establecer una alerta temprana nacional para prevenir riesgos en territorios, especialmente en el contexto de la campaña política, protegiendo la participación y reincorporación política, fundamentales tras el acuerdo de paz de 2016.
Esta audiencia es importante porque la Corte Constitucional hace el seguimiento al cumplimiento de la seguridad de los firmantes del Acuerdo de Paz, el próximo lunes 3 de febrero será la segunda sesión en donde se espera que intervengan los Ministros de Defensa e Interior.
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