La Corte Suprema de Justicia investiga la contratación de los trabajadores de la UTL en el Congreso relacionados con la red de Mario Castaño, está planta de personal recibía ingresos sin que tuvieran que trabajar, por lo que el alto tribunal considera que Rubén Darío Iregui, como jefe de talento humano del Senado, debería responder por el delito de peculado por apropiación en favor de terceros.
“La Corte ha empezado a acreditar que existía una relación entre el señor Rubén Darío Iregui y Mario Castaño Pérez, según la cual aquel era respetuoso de las cosas de Mario y estaba dispuesto a dejar pasar los informes mentirosos de cumplimiento de los contratistas que eran íntimos del senador, hecho que apunta nuevamente a éste y a su responsabilidad”, señala uno de los testigos en el documento que reposa en la Corte Suprema.
Otra de las afirmaciones que señala el documento es que no se ha atentado contra la presunción de inocencia Mario Castaño como investigado: “por lo tanto, no es cierto que se esté cargando a la defensa con ninguna responsabilidad contraria a la presunción de inocencia”.
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Aún falta personal del Congreso por ser vinculada en este proceso, como por ejemplo el jefe de personal, que se tendría que validar su responsabilidad y si tenía conocimiento de los pagos que se hacían a los miembros de la UTL de Castaño, cuando estos ni siquiera acreditaban que cumplieran las funciones del cargo: “de hecho, en la propia decisión de definición de situación jurídica se advirtió la presunta pertenencia de algunas personas que aún no han sido judicializadas por la Fiscalía (como el señor Rubén Darío Iregui González)”.
Y también se habla de gestionar la contratación de Juan Carlos Martínez Rodríguez y de Daniela Ospina Loaiza con el Senado de la República, a sabiendas de que los pagos que se les hicieron a ellos no corresponderían a la prestación efectiva de servicios, con miras a enriquecerlos.
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“Estas erogaciones fueron posibles, además, por la decisión determinante del jefe de talento humano del Senado de la República, Rubén Darío Iregui González”, precisa el documento que reposa en la Corte.
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