Corte tumba la tutela contra Cerro Matoso y anula millonaria indemnización a víctimas

Los magistrados de la Sala Plena de la Corte Constitucional anularon parcialmente la tutela que ordenó una serie de acciones contra Cerro Matoso S. A., entre ellas, el pago de una indemnización a más de 3 mil afectados.

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Según la decisión, la nulidad no afecta la protección del derecho a la salud que se había amparado en la sentencia T-733 de 2017.

De acuerdo con la Corte Constitucional, la nulidad se relaciona con "la condena en abstracto a la indemnización del daño emergente, del lucro cesante y los daños morales".

También tumbó la creación de un fondo especial de etnodesarrollo y la suspensión de las actividades extractivas en el caso de que haya incumplimiento de la sentencia.

No obstante, el alto tribunal, con una votación de 5 a favor y 2 en contra, hizo la salvedad de que se mantendrán las órdenes que garantizan la consulta previa, el derecho a la salud y el disfrute de un medio ambiente sano de las comunidades étnicas que están en esos territorios.

Asimismo, la Corte Constitucional mantuvo la obligación de Cerro Matoso de "obtener una nueva licencia ambiental adecuada a los estándares de protección".

Con la nulidad de la tutela, Cerro Matoso no tendrá que pagar una suma de más de 300 millones de dólares.
 

Por su parte, como una condena al exterminio recibió la comunidad del resguardo Zenú la decisión de la Corte Constitucional que pone reversa a gran parte de las acciones de reparación que una tutela le ordenó a la empresa minera Cerromatoso.

"Se condenaba a la empresa Cerromatoso, ahora la Corte condena a las comunidades bajo el dominio de la empresa para que sean exterminadas", dijo el líder indígena Israel Aguilar, en diálogo con Blu Radio.

Los abogados de las 3.400 indígenas afectados con la decisión de la Corte analizan el fallo antes de emitir un comunicado oficial y explicar a sus clientes el paso a seguir ante la situación.

La sentencia T-733 de 2017 obligaba a la empresa Cerromatoso a indemnizar a las comunidades afectadas por la explotación indiscriminada de ferro níquel, la que fue anulada parcialmente este jueves.