Este miércoles, con votación de 5 a 4, la Corte Constitucional tumbó el decreto 811 de 2020. Dicho decreto permitía al Gobierno rescatar empresas en medio de la emergencia por COVID-19 y facilitaba la compra de acciones en cualquier compañía en riesgo en medio del estado de emergencia y luego enajenarlas.
Parte de los objetivos del Gobierno era mitigar el impacto económico de la emergencia en las empresas.
El decreto señalaba que cuando la Nación recibe participaciones minoritarias de una sociedad privada “podrá exigir que sus accionistas o propietarios privados garanticen que comprarán la participación del Estado dentro de un plazo determinado”.
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Algunos expertos consultados por BLU Radio señalan que esto podría limitar al Gobierno en materia de gasto, pues es muy complicado, por ejemplo, que se tramite una ley de adición del presupuesto.
La noticia de que la Corte Constitucional acaba de decretar inexequible el decreto 811, dictado al amparo de la emergencia decretada para amortiguar la pandemia, dificulta aún más el crédito a Avianca (que bien enredado estaba) y la privatización de activos públicos
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