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Corte IDH condena a Colombia por desaparición forzada de jóvenes en 1995

El tribunal internacional responsabilizó a Colombia por graves violaciones a los derechos humanos y emitió órdenes dirigidas a garantizar justicia, reparación y no repetición.

 Desaparición forzada // Foto: AFP
Desaparición forzada.
Foto: AFP.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH ) condenó este viernes, 13 de diciembre, al Estado colombiano por la desaparición forzada de Jhon Ricardo Ubaté y Gloria Mireya Bogotá, ocurrida en mayo de 1995 a manos de agentes de la Policía Nacional.

En su decisión, el tribunal internacional responsabilizó a Colombia por graves violaciones a los derechos humanos y emitió órdenes dirigidas a garantizar justicia, reparación y no repetición.

El caso, que fue remitido a la Corte en diciembre de 2022, evidencia una práctica sistemática de desapariciones forzadas cometidas por agentes estatales en la década de los 90. Jhon Ricardo, de 24 años, y Gloria Mireya, de 22, fueron detenidos frente a la Clínica Tequendama en Cali por la Unidad Antiextorsión y Secuestro (UNASE). Desde entonces, su paradero es desconocido.

En su fallo, la Corte ordenó al Estado colombiano:

  1. Continuar con la investigación, judicialización y sanción de los responsables de la desaparición de los jóvenes.
  2. Crear protocolos especializados para la búsqueda de víctimas desde el exterior, considerando casos como el de la hermana de Jhon Ricardo Ubaté, quien ha tenido que continuar su lucha desde el exilio.
  3. Otorgar becas estudiantiles a los familiares de las víctimas, como medida de reparación.
  4. Establecer un espacio de memoria dedicado a las víctimas de desaparición forzada, destacando que este crimen constituye una grave violación de derechos humanos y un delito de Estado.

El fallo llega tras la aceptación de responsabilidad del Estado colombiano durante una audiencia pública celebrada en enero de 2024, en la que reconoció los crímenes cometidos por la Policía Nacional.

Cabe decir que los familiares de las víctimas han insistido en la necesidad de acciones concretas para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. La Corte también resaltó la obligación del Estado de garantizar que los familiares puedan continuar su lucha por justicia sin enfrentar riesgos o limitaciones, especialmente aquellos que se encuentran en el exterior.

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