Corte frena en seco la emergencia social de Petro para La Guajira y envía mensaje de independencia

La Corte Constitucional propinó un nuevo golpe al gobierno del presidenteGustavo Petro, tras el desmonte de cinco decretos con fuerza de ley que habían sido dictados al amparo de la Emergencia Económica, Social y Ecológica para La Guajira, que hace dos semanas ya había sido declarada inconstitucional.

El principal revés para el gobierno nacional se produjo en la Corte con la decisión tomada con una votación 6-2 que tumbó el piloto de la polémica reforma a la salud planteada por el presidente Gustavo Petro y que hoy sigue enredada en el Congreso, pero que el ejecutivo pretendía implementar vía decreto para La Guajira. Los magistrados consideraron que ese decreto no solamente es inexequible, sino que esa decisión es retroactiva, lo que significa que todo lo que se hubiera avanzado en la implementación del nuevo sistema de salud en ese departamento, debe ser desmontado.

Los magistrados centraron su decisión en señalar que la salud es un derecho fundamental y por lo tanto, una reforma a la prestación de ese servicio debe ser tramitada por el Congreso y no vía estado de Emergencia, como buscaba hacerlo el gobierno del Presidente Petro.

Los otros cuatro decretos que fueron tumbados por la Corte son: el que pretendía la recuperación de las salinas de Manaure, modificaciones en mecanismo para asignación o modificación de obligaciones para el uso del espectro radioeléctrico, medidas culturales para proteger la riqueza cultural de la etnia wayúu y la creación de una universidad indígena para la etnia wayúu.

Este paquete de determinaciones debería ser un campanazo de alerta para el gobierno nacional, porque es evidente que se necesitan cambios en diferentes aspectos, pero se deben tramitar de acuerdo con la constitución y la ley.

Al final, las altas cortes y la rama judicial están actuando de manera adecuada frente a la responsabilidad que les da la constitución: revisan y analizan las propuestas gubernamentales para permitir que avancen las tramitadas bajo la ley y tumba las que considera que pueden implicar una extralimitación del Ejecutivo.