La Corte Constitucional reafirmó la necesidad de implementar medidas adicionales para proteger a las personas en situaciones de vulnerabilidad económica, especialmente cuando se enfrentan a procesos de desalojo.
El alto tribunal falló a favor de una mujer de 69 años, vendedora informal en el Jarillón de Cali, quien fue desalojada por orden de la alcaldía local en julio de 2023, quedando sin alternativas económicas tras la demolición de su lugar de trabajo.
La Sala Octava de Revisión de la Corte protegió los derechos de la mujer, reconociendo la falta de alternativas de subsistencia y amparando sus derechos a la vida digna y a la confianza legítima.
Además, el alto tribunal es enfático en asegurar que, que el Estado tiene la obligación de establecer medidas transitorias para que las personas afectadas puedan adaptarse a los cambios, así como políticas públicas que garanticen la preservación de sus ingresos mientras transitan hacia la formalidad o acceden a mecanismos de protección social.
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Este fallo destaca la necesidad de que las administraciones locales, como la Alcaldía de Cali, no solo ejecuten órdenes de restitución de bienes públicos , sino que también implementen acciones concretas para asegurar que los vendedores informales, que dependen de su actividad para su sustento, no se queden sin medios de vida.
Por último, la Corte Constitucional le pidió a la Alcaldía de Cali, crear una política pública para atender a estos trabajadores y garantizar alternativas laborales o de reubicación, como parte de una respuesta integral a los procesos de desalojo.
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