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Corte declara “urgencia nacional” para estudiar aceleradamente demandas contra Ley de Presupuesto

Se trata de la Ley de Presupuesto que suspendía la Ley de Garantías en época electoral.

Corte Constitucional - Foto Rama Judicial
Corte Constitucional -
Foto Rama Judicial

Este jueves, 10 de febrero, la Corte Constitucional declaró la urgencia nacional para estudiar rápidamente las demandas contra la Ley de Presupuesto aprobada en el Congreso, en el tema puntual de la Ley de Garantías.

El análisis de la ponencia de constitucionalidad de la Ley de Presupuesto tendrá prioridad por decisión de la Sala Plena de la Corte Constitucional al declarar urgencia nacional.

La Corte admitió para su estudio 21 demandas que se habían presentado en contra de la reforma legal que suspendió la aplicación de la Ley de Garantías durante la vigencia de 2022 y que fue aprobada antes de las votaciones de Congreso y Presidencia.

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Recordemos que la Ley de Garantías es la que le prohíbe a las Entidades Estatales celebrar contratos de forma directa durante los cuatro meses anteriores a la elección presidencial y hasta que el presidente de la República sea elegido. Y en la Ley de Presupuesto se involucra una serie de disposiciones generales necesarias para su correcta ejecución.

Con una votación de 6 contra 3 se declaró la urgencia nacional, la Corte acogió la propuesta que presentó el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, para quien el asunto debe ser considerado “como un asunto de especial trascendencia social y prevenir la eventual grave afectación del patrimonio nacional por lo cual deberá ser tramitado y fallado”.

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Para el presidente de la República, que está a favor de esta ley: “los alcaldes y gobernadores elegidos que tomaron posesión en enero del año 2020 han tenido ese muro que les ha impedido llevar a cabo todas sus aspiraciones y programas”, al tener como barrera la Ley de Garantías.

Las demandas son contra el artículo Art. 124 de la Ley de Presupuesto que dice que, “con el propósito de promover la reactivación económica y la generación de empleo en las regiones, la Nación podrá celebrar convenios interadministrativos con las entidades para ejecutar programas y proyectos correspondientes al presupuesto general de la Nación”, algo que estaba prohibido en época electoral para evitar corrupción.

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