La Contraloría terminó una auditoría de cumplimiento sobre la gestión de laAgencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) durante la vigencia del año 2022. Esta auditoría arrojó un total de 6 hallazgos administrativos, de los cuales 2 presentan incidencia fiscal por un monto significativo de $10.710 millones, y otros 2 tienen connotación disciplinaria.
El hallazgo fiscal de mayor cuantía, correspondiente a la suma de $9.801 millones y se refiere a la ejecución de un convenio entre la ANH y el Servicio Geológico Colombiano (SGC). Según el informe de la auditoría, se determinó que el SGC adquirió una serie de equipos por dicho valor y no fueron utilizados.
El convenio, denominado Convenio 300 de 2022, tenía como objetivo principal la integración cartográfica de información geológica para la zona norte de las cuencas del valle inferior del Magdalena y Sinú San Jacinto. Sin embargo, al revisar el convenio, se encontró que el SGC adquirió más estaciones de las propuestas inicialmente (7 adicionales), así como equipos que resultaron innecesarios para los propósitos del convenio, como gravímetros (10) y magnetómetros (37).
Es importante destacar que los 37 magnetómetros adquiridos ni siquiera llegaron a utilizarse antes de la finalización del convenio. Además, se descubrió que la compra de estos equipos fue realizada directamente por el SGC, sin la intervención ni el control adecuado por parte de la ANH. A esto se suma la falta de un reporte detallado sobre el manejo de los recursos destinados a este contrato, lo cual constituye un evidente hallazgo de gestión fiscal ineficiente y un detrimento al patrimonio de la ANH.
Otro hallazgo fiscal relevante se relaciona con el convenio ANH-SGC 428 SEW 2020, en el cual se evidenció un uso ineficiente de recursos. El SGC celebró subcontratos de subarriendo (No. 588 de 2021, 027 de 2022 y 583 de 2022) para oficinas en el edificio elemento, incluyendo parqueaderos y mobiliario. Sin embargo, los auditores constataron que estas instalaciones subarrendadas no fueron utilizadas en absoluto, ya que no se encontraron registros de los movimientos del personal designado e informado por el SGC para llevar a cabo los convenios durante su vigencia.
De esta manera, se determinó que el SGC pagó con recursos provenientes del convenio suscrito con la ANH los cánones de los subarrendamientos, a pesar de tratarse de un servicio innecesario. Esto se debió a deficiencias en los estudios previos y en la planificación por parte de la ANH, así como a una inobservancia en el control de contrato y en las funciones del comité de coordinación y seguimiento de la ANH. Se estima que este hallazgo genera un presunto detrimento patrimonial por un valor de $908.6 millones.
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La Contraloría también destacó el incumplimiento de la normatividad aplicable a la contratación administrativa y la ejecución de los recursos públicos por parte de la ANH.
Al respecto, se encontraron deficiencias en la gestión de la oficina de Control Interno, relacionadas con las auditorías a los convenios interadministrativos, así como inexactitudes en la información reportada a la Contraloría. Además, se identificaron diferencias en los valores de los honorarios para la prestación de servicios, un uso ineficiente de recursos en el convenio ANH-SGC 428 de 2020 y debilidades en la viabilidad jurídica del convenio de asociación 371 de 2022.
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Adicionalmente, la auditoría financiera correspondiente a la vigencia 2022 reveló una serie de hallazgos administrativos, los cuales están relacionados con
- Convenios interadministrativos suscritos por la ANH en los cuales se adquirieron bienes para el servicio de otras entidades, sin que se hayan suscrito los respectivos contratos de comodato para la administración de los bienes.
- Pagos totales de contratos sin haber realizado la liquidación correspondiente, omitiendo así el requisito del certificado de satisfacción que permite comprobar que los productos fueron entregados conforme a lo acordado.
- Inobservancia por parte de la ANH en el control de los contratos, al realizar subcontrataciones sin mediar una modificación justificada, omitiendo los estudios previos y las cláusulas contractuales.
- Deficiencias en la segregación de funciones, derivadas de la omisión del supervisor al adquirir la calidad de ordenador del gasto y al mismo tiempo ser responsable de verificar y autorizar el desembolso de los recursos públicos correspondientes a un contrato.
Todos estos hallazgos evidencian, para la Contraloría, una gestión fiscal ineficiente, una falta de control y seguimiento adecuados, y una inobservancia de la normatividad aplicable en la ANH. Ante esto, la Contraloría emitió un concepto con reserva, resaltando la necesidad de mejorar la gestión interna, fortalecer los controles y garantizar un uso adecuado y transparente de los recursos públicos.
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