La Contraloría reveló los resultados de una reciente auditoría de cumplimiento adelantada a la Gobernación de Sucre en donde pudo establecer que las prácticas a través de las cuales se estructuró el denominado cartel de los enfermos mentales en Sucre, se venían presentando incluso desde el año 2012.
La Gobernación de Sucre pagó a favor de la Fundación Camino a la Virtud, más de $3 mil 475 millones de pesos, por supuestos servicios de salud mental No POS, con recursos correspondientes a la Población Pobre No Asegurada – PPNA del Departamento.
Examinada la facturación, informa la Contraloría General, que encontró que los documentos que sirvieron de soporte a 521 de las facturas, corresponderían a servicios no prestados, pero que sí fueron pagados por una suma superior a los $2 mil 646 millones de pesos.
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“En 236 de las facturas, que correspondían a supuestos tratamientos a enfermos mentales drogodependientes, usaron el nombre y la firma de un médico psiquiatra que para el momento de los hechos ni siquiera trabajaba con la mencionada Fundación. En 376 facturas se usaron como soporte los Formatos de Referencia del Hospital Universitario de Sincelejo, como si se tratara de pacientes atendidos en dicho hospital, por patologías asociadas al consumo de sustancias psicoactivas y que hubieran sido remitidos allí para hospitalización”, dice el texto.
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Verificada la información por parte de la Contraloría, sin embargo, se descubrió que ninguno de los supuestos pacientes fue atendido ni referido por la mencionada institución universitaria.
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El contralor general Edgardo Maya Villazón solicitó el apoyo de la Fiscalía, entidad a la que en su momento se le habían trasladado los hallazgos evidenciados previamente sobre la vigencia 2015.
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Este es el comunicado completo
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