Contraloría advierte riesgos financieros que enfrenta Aerocafé y posible desfinanciación de proyecto

El proyecto Aeropuerto del Café, Aerocafé , en el municipio de Palestina, Caldas, continúa enfrentando riesgos que podrían comprometer su culminación y utilidad, esa fue la última advertencia que hizo la Contraloría General de la República. Este organismo ha destacado la necesidad urgente de abordar el déficit financiero y los problemas técnicos que han surgido en el desarrollo de esta infraestructura de importancia estratégica para la región.

La información proporcionada por la Unidad de Gestión del Patrimonio Autónomo Aerocafé revela que se requiere la suma de $1.265.359.086.195 para lograr el cierre financiero del proyecto Aerocafé. Sin embargo, hasta la fecha, solo se cuenta con un presupuesto aprobado y comprometido de $603.661.502.745, lo que representa un faltante estimado de $661.697.583.450. Este déficit debe ser gestionado tanto por el Gobierno nacional como por la región, con contribuciones para completar el financiamiento necesario.

La Contraloría anunció que en el marco del Plan Nacional de Vigilancia y Control Fiscal para el año 2024, se llevará a cabo una auditoría de cumplimiento al patrimonio autónomo Aerocafé, con el objetivo de evaluar la observancia de la normatividad en el manejo e inversión de los recursos administrados por el proyecto.

Las acciones de control fiscal están enfocadas en determinar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por las partes involucradas en el proyecto y evaluar las acciones tomadas para subsanar las no conformidades previamente identificadas. Sin embargo, la Contraloría sigue preocupada por el estado técnico y financiero del proyecto, especialmente debido a la paralización de las obras y la inminente desfinanciación que podría derivarse de esta situación.

Además de este anuncio la Contraloría advirtió sobre el riesgo inminente de pérdida de recursos públicos en la ejecución del programa “fortalecimiento para el desarrollo de infraestructura social y hábitat para la inclusión social a nivel nacional-FIP nacional”. Esta advertencia va dirigida al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y a las entidades territoriales involucradas en el proyecto, con el objetivo de tomar medidas para evitar posibles detrimentos al patrimonio público.

El programa enfrenta varios riesgos identificados por la Contraloría:

1. Atención inadecuada a comunidades vulnerables: se ha detectado que las comunidades con mayores índices de pobreza monetaria y multidimensional no reciben una atención adecuada y oportuna.
2. Utilización ineficiente de recursos públicos: en los últimos 5 años, se ha observado una tendencia de uso ineficiente de los recursos asignados al proyecto.
3. Incremento en costos y retrasos en proyectos: los costos de los proyectos han aumentado debido a los tiempos de obra que triplican los establecidos contractualmente. Esto incumple principios de gestión fiscal y administrativa, generando un posible detrimento patrimonial.
4. Falta de rubros para sostenimiento de obras: no todos los Entes Territoriales cuentan con recursos presupuestales para mantener las obras ejecutadas, lo que puede llevar al abandono de las mismas o a su obsolescencia.
5. Fallas en asistencia técnica y ejecución contractual: la asistencia técnica brindada por Prosperidad Social a las entidades territoriales presenta debilidades, lo que genera retrasos en la asignación de convenios y en la puesta en marcha de iniciativas. Además, muchos proyectos se mantienen en ejecución después de más de 6 años sin ser entregados a las comunidades beneficiarias.

Estos riesgos podrían derivar en la pérdida de recursos y afectación negativa de intereses públicos. La Contraloría basa esta advertencia en un estudio que analiza la información de 1.301 convenios con entidades territoriales, por un monto de $1,92 billones, realizado por la Contraloría delegada para el Sector Inclusión Social.

Entre las principales conclusiones de esta advertencia destacan

1. Incumplimiento en objetivos de proyectos: muchos proyectos de infraestructura social no cumplen con sus objetivos, afectando directamente a comunidades vulnerables. Se evidencia un tiempo promedio de obra que triplica lo establecido en los contratos, lo que vulnera principios de planeación, eficacia y eficiencia en la gestión contractual.
2. Inejecución de recursos: se observa que una parte significativa del presupuesto asignado no se ejecutó, lo que representa una reducción sustancial en la inversión pública para infraestructura social.
3. Incremento de costos y retrasos: los retrasos en la ejecución de proyectos han generado un aumento en los costos y adiciones presupuestales, poniendo en riesgo la eficiencia y eficacia de la inversión pública.
4. Riesgo de obras abandonadas y obsoletas: existe el peligro de que algunas obras no cumplan su función debido a la falta de recursos para su mantenimiento, lo que podría resultar en un daño patrimonial.

Finalmente, la Contraloría anunció la realización de una Actuación Especial de Fiscalización y una visita por parte de la Unidad de Reacción Inmediata de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, Diari de la Contraloría, a la Agencia de Seguridad Vial, para verificar las contrataciones del último semestre de esta entidad porque se tiene alertas de presuntas irregularidades.